NOTICIAS - El alcalde urge renegociar ya la deuda de Zaragoza Alta Velocidad

Segundo día de trabajo en el Gobierno de Zaragoza y tenía ante sí uno de sus mayores lastres económicos para los próximos cuatro ejercicios: la deuda con los bancos de Zaragoza Alta Velocidad. Y participó por primera vez en su consejo de administración para poner sobre la mesa la urgencia de sentarse a renegociar la deuda de 360 millones de euros que hay que retornar a las entidades bancarias en los próximos cuatro ejercicios. A la mayor brevedad posible y con un objetivo claro: revisar esos intereses de más del 4,5% que se aplican al préstamo --algunos de los seis suscritos supera el 5,5%--, porque "hipoteca las políticas sociales de la ciudad".

Pablo Muñoz, que será nombrado hoy teniente de alcalde de Urbanismo y Sostenibilidad en el ayuntamiento de la capital, era el encargado finalmente de representar ayer al nuevo Gobierno municipal en un consejo de administración que el consistorio comparte con el Ministerio de Fomento (con el 50% del accionariado, a través de Renfe y Adif) y el Gobierno de Aragón, con el 25%, el mismo que el consistorio. Un encuentro en el que estaban llamados para dar el visto bueno a las cuentas del 2014.

Muñoz tuvo que intervenir en el turno de ruegos para abrir el debate sobre qué decisión adoptar sobre la deuda. No estaba en el orden del día pero al ayuntamiento le urge. Y al ministerio, al parecer, también, ya que manifestó que comparte el punto de vista municipal y anunció que en breve realizará los primeros contactos con las entidades.

El motivo de esta urgencia es dar un paso al frente para aliviar la actual carga financiera. En el caso del consistorio, este año deberá abonar 13,5 millones de euros con el presupuesto --ya están consignados--, pero el año próximo serán 18,3, en el 2017 ascenderá a 22,4 y el 2018 culminará teniendo que abonar 26,63. "Esto hipotecaría todas las políticas sociales que se puedan poner en marcha en la ciudad", manifestaron desde el Gobierno.

Para actuar, el ayuntamiento planteó dos alternativas: acordar con esos mismos bancos una ampliación del plazo de devolución para aliviar la carga anual que supone este crédito o rebajar un interés que nada tiene que ver con el que se ofrece ahora a esos mismos bancos. Además la legislación abre la puerta a la Administración a revisar a la baja esos intereses bancarios. Y, si no es así, contratar con otra entidad que sí lo hiciera para liquidar esos 360 millones que ahora se adeudan a otro banco que accediera a flexibilizar los pagos. Es decir, pagar lo mismo durante más tiempo o menos en cada ejercicio. Un reto bastante complicado de llevar a cabo que permitiría paliar el gran problema de ZAV. Este es, como ya se vio en el 2014, que lleva años sin vender un metro cuadrado de suelo, su principal activo.

Fuente: El Periódico de Aragón