NOTICIAS - Bajo sospecha la obra de la nueva estación del AVE en Barcelona por 50 millones de desfase

Un desfase de más de 50 millones ha puesto bajo sospecha todas las obras de la estación de La Sagrera, que iba a ser la segunda estación del AVE en la capital catalana, según explican fuentes cercanas a la investigación. Ayer, Adif reconoció que había paralizado las obras y que las había llevado a la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes del sector de la construcción apuntan a que lo que ha destapado todo el escándalo ha sido la investigación de la Guardia Civil sobre dos altos cargos de Adif, Jaime García Germán, que era gerente de infraestructuras, y Rafael Rodríguez Gutiérrez, director de alta velocidad de la zona noreste, ambos imputados en dos causas: una que se tramita en un juzgado de Barcelona y otra en Alcalá de Henares. Entre otras prebendas, estos altos cargos, quienes han sido relevados de sus funciones, presuntamente aceptaron viajes para esquiar que fueron pagados por un subcontratista que posteriormente denunció los hechos.

El Gobierno paralizó las obras de La Sagrera en 2014, al detectar que se estaban certificando más obras que las realizadas de manera efectiva, el desfase de más de 50 millones antes mencionado. Y en 2015 llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, sin informar ni a la Generalitat ni al Ayuntamiento de Barcelona. Y eso que en la empresa Barcelona Sagrera Alta Velocidad, formaban parte el propio Gobierno (50%), la Generalitat y el Ayuntamiento (un 25% cada uno), y que dicho consorcio público había pagado buena parte de las obras que ahora se están investigando, en concreto las que correspondían a muros y aseguramientos. Pero las administraciones locales se han enterado hoy en el consejo de administración de la empresa.

La investigación afecta a las ocho constructoras en liza, si bien fuentes conocedoras de los entresijos de la investigación apuntan a Corsán-Corviam como el principal foco del problema, con un contrato de 58 millones por el que se adjudicaron el derribo de la estación y los desvíos ferroviarios. Llueve sobre mojado, porque Corsán-Corviam está controlada por Isolux, sumida en graves problemas financieros.

En el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona se imputa a Rafael Rodríguez un delito de malversación de fondos públicos. En concreto, la Fiscalía le acusa de haber permitido que se efectuara un modificado en el tramo de La Sagrera que elevó los costes de ejecución de esas obras de 86 a 92 millones de euros.

Sin embargo, la investigación (y la sospecha de desajustes) se extiende al resto de adjudicatarios. Así, una obra que suma 718 millones y en que se encuentra el grueso del sector constructor español, se halla hoy paralizada y sin calendario a la vista.
Esta gran infraestructura se repartió entre estas constructoras.

Entre ellas, una UTE entre Acciona y Copcisa había ganado el concurso para la plataforma y cobertura, de 152,95 millones de euros, y que pagaba en un 46,94% la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad. Pero el mayor contrato era el de la estructura de la estación de La Sagrera, por valor de 315 millones, que se adjudicó a la UTE Dragados, Acciona, Comsa y ACS. Por último, había otros 192 millones en los accesos a la estación, que consiguieron la asociación de Ruber, Copisa, FCC y Ferrovial.

Caos y política

La situación es tan caótica que Fomento estudia volver a repetir el concurso para adjudicar la obra pendiente. De hecho, aunque la obra no se hubiera paralizado, no hay técnicos que quieran certificar obra alguna hasta que los tribunales diluciden qué constructoras y tramos del contrato están afectados por el escándalo.

La nueva adjudicación puede significar retrasos de entre dos y tres años sobre el calendario previsto, según fuentes del sector constructor en Cataluña. Y eso en una obra considerada clave tanto por el Ayuntamiento como por la Generalitat.

La paralización de las obras era patente. Pero las fuerzas políticas catalanas lo habían atribuido a un incumplimiento más del Gobierno central, y de vez en cuando se mencionaba como un agravio más del centralismo. Y el Ministerio de Fomento no informó a sus socios, en medio de la tensión política que se vive en Cataluña a costa del proceso soberanista. Es el problema de plantear desconexiones políticas, que luego estas llegan por donde menos se esperan y desean.

La cuestión debería haberse afrontado hace más de un año. Ahora todo llega tarde. Y la crisis no solo será judicial sino también política, en una Cataluña en la que con el escándalo de La Sagrera llueve sobre mojado.

Fuente: El Confidencial