NOTICIAS - Diez años, 43 muertos y cero responsables

El estado de WhatsApp de Rosa Garrote, la presidenta de la Asociación Víctimas Metro 3 de Julio (AV3J) reza así: “43+47=0”. Es la macabra aritmética que deja el fatal siniestro que sufrió el metro valenciano. El domingo se cumplieron diez años del descarrilamiento de un tren en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Todavía no hay un solo responsable político o penal.

A las 13.00 horas del 3 de julio de 2006 la tragedia hizo acto de presencia a escasos 50 metros de la estación de Jesús, en Valencia. El tren llegó a 80 kilómetros por hora a una curva en la que la velocidad máxima debía ser de 40 km/h y terminó volcando. Los pasajeros cayeron contra unas ventanas que no soportaron el impacto y el propio tren aplastó a todo aquel que salió despedido del vagón. Solo una hora después, los altos cargos políticos de la ciudad y de la comunidad autónoma, todos ellos del Partido Popular, se apresuraban a señalar que lo sucedido había sido fruto de un error humano, de un exceso de velocidad cuyo único responsable era el conductor, que aparecía en la lista de fallecidos. No había por qué buscar más. Caso cerrado. Ya podían poner toda su atención en la visita que esa misma semana hacía a Valencia el Papa Benedicto XVI.

Las Cortes Valencianas constituyeron ese mismo mes una comisión de investigación que dedicó solo cinco días a analizar el peor accidente de metro en la historia de España. El pleno de las Cortes aprobó el dictamen el 11 de agosto, únicamente con los votos del PP, y en él se apuntaba de nuevo como única causa del accidente a la velocidad, alegando que la seguridad del tramo era la suficiente y descartando cualquier responsabilidad política.

La actitud del Gobierno liderado entonces por Francisco Camps, incluida la gestión del accidente en la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que poco menos que ocultó lo ocurrido, dolió entre las víctimas y sus familias, que empezaron a asociarse para crear la AV3J. Fue entonces cuando comenzaron a organizar concentraciones los días 3 de cada mes para solicitar respuestas y exigir responsabilidades a la vez que buscaban responsables penales en los juzgados.

Tampoco en los juzgzdos

Si las instituciones políticas no han querido buscar responsables por lo ocurrido, en los juzgados ha ocurrido algo similar. La AV3J alegó desde los inicios que el tramo de vía del accidente no contaba con las medidas de seguridad necesarias. De hecho, en ese mismo lugar ya había descarrilado otro tren en 2003. Al parecer, esa vía y otra de Barcelona eran las dos únicas de todo el Estado que no contaban con un sistema de seguridad capaz de frenar al tren en caso de pasar a una velocidad excesiva. Las víctimas señalaban que desde las instituciones y desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) habían cometido una irresponsabilidad por la falta de inversiones necesarias para garantizar al máximo la seguridad.

En marzo de 2007 la jueza que instruye el caso dio un duro golpe a las esperanzas de las víctimas al archivar la causa y sumarse a la teoría de que el exceso de velocidad fue la única causa, no pudiendo establecer ninguna responsabilidad penal dado que el conductor murió en el siniestro.

En los años siguientes se suceden los recursos presentados por la Fiscalía y las AV3J. La mayoría son rechazados por defecto por la jueza del Juzgado de Instrucción número 21 y solo los toma en consideración cuando la Audiencia Provincial le obliga a ello.

Con el paso del tiempo, diferentes medios de comunicación consiguieron sacar datos a la luz que hacen dar un giro a los procesos judiciales. En febrero de 2012 El Mundo hizo público que varios técnicos y empleados de FGV fueron aleccionados por una empresa contratada para asegurarse de que respondiesen de igual manera ante las preguntas de la comisión de investigación y fortalecer así la versión oficial. En octubre de ese año terminaría dimitiendo la gerente de FGV, Marisa Gracia, quien finalmente sería imputada por los contratos firmados con la consultora contratada.

Pero el giro más inesperado surge en 2013, tras la emisión del programa Salvados, en el que Juan Cotino, presidente de las Cortes, se niega a responder preguntas relacionadas con el accidente. Aquello despertó la indignación de los valencianos. Más de 5.000 personas acudieron a la siguiente concentración exigiendo respuestas. La Fiscalía también reaccionó y pidió que se reabriese el caso, algo a lo que se negó la jueza. Es la Audiencia Provincial la que, nuevamente, obligó a la jueza a que reabriese el caso atendiendo a las nuevas pruebas. El 8 de mayo de 2014, por primera vez, se imputó a tres trabajadores de FGV.

El cambio político en Valencia posibilitó que se creara una segunda comisión de investigación. Cuatro grupos políticos diferentes (Podemos, Ciudadanos, Compromís y PSOE) han presentado la semana pasada un informe con 44 conclusiones que apuntan a una gestión política “negligente, interesadamente apresurada y opaca”, por lo que señala tres tipos de responsables. En el ámbito político apuntan al expresidente Francisco Camps, al exvicepresidente Víctor Campos, al exconseller Juan Cotino, al exdirector de Transportes Vicente Dómine y al exportavoz del PP Serafín Castellano. En la FGV, además de a la exgerente Marisa Gracia, señalan a otros cinco responsables y en la RTVV responsabilizan al exdirector Pedro García y al que era director de los informativos de Canal 9, Lluís Motes. La AV3J celebra este gran paso. El primero en una década.

Fuente: Deia