NOTICIAS - El árbitro del AVE a La Meca explora una prórroga del contrato de 18 meses

El consultor independiente escocés Paul Taggart, elegido para arbitrar el conflicto planteado por el consorcio español del AVE a La Meca con la operadora Saudi Railway Organization (SRO), ha intensificado en los últimos días los trabajos preliminares, con el fin de emitir un dictamen antes de finales de año. El planteamiento de partida está orientado a la definición de un aplazamiento de la fecha inicialmente prevista del contrato, que podría extenderse por un periodo adicional de 18 meses, hasta mediados del año 2018. Las empresas contratistas han solicitado un máximo de dos años, con objeto de cubrirse ante cualquier eventual contingencia que pudiera surgir en el camino.

El ‘tren de los peregrinos’ se ha convertido en una verdadera travesía por el desierto para las 12 compañías que forman parte del consorcio Al Shoula. El grupo se había hecho los ‘dedos huéspedes’ cuando Ana Pastor, en su antigua condición de ministra de Fomento, anunció el pasado mes de mayo la disposición de la SRO para otorgar un aplazamiento del contrato de 14 meses. En realidad, las autoridades saudíes solamente habían mostrado su mayor gentileza para entablar una negociación a cara de perro que, en realidad, pretendía recortar al mínimo el pago de los sobrecostes incurridos en el desarrollo de la obra.

Los retrasos en la fase 1, correspondiente a la entrega de la plataforma encargada a un consorcio chino, se han conjugado con los nuevos requerimientos en forma de modificaciones del proyecto exigidos por la propia SRO. Como consecuencia, el presupuesto de la operación se ha disparado desde los 6.700 millones de euros que estaban previstos inicialmente, generando sobrecostes que algunos de los contratistas españoles estiman en cifras de hasta 1.500 millones de euros. Un importe que el cliente no parece dispuesto a reconocer y que está provocando serias discusiones dentro del propio grupo español, desde el momento en que no todas las empresas se sienten igual de afectadas.

Los distintos frentes del conflicto han obligado finalmente a recurrir a un mediador externo, pero también a definir de manera estratégica el ámbito de actuación del árbitro elegido. En principio, el trabajo del experto acreditado con más de 35 años de experiencia en disputas empresariales se orienta de manera exclusiva a la definición de una prórroga que rebaje las tensiones con la SRO. El contrato firmado en 2011 establecía un plazo inicial de entrega de cinco años, que han quedado totalmente desfasados de la realidad, lo que obliga a zanjar cuanto antes un acuerdo de nuevo calendario para evitar algo parecido a un 'choque de trenes' en Arabia Saudí a la vuelta de un par de meses.

El tiempo juega en contra de los intereses españoles, por lo que la dirección del consorcio considera inconveniente un arbitraje de carácter global que supondría la vinculación de la prórroga a los sobrecostes de la operación. En otras palabras, el objetivo es evitar que la ampliación del contrato suponga una disminución de los ingresos mínimos para las compañías que corren con la mayor parte del gasto. La opción de extender los trabajos durante un plazo adicional de año y medio otorgaría un margen suficiente para negociar el presupuesto del proyecto, y también para cohesionar una posición común entre las distintas empresas que participan en el AVE a La Meca.

Todos estos aspectos serán abordados en la visita que a finales de mes tiene previsto realizar a España el presidente de la SRO, Rumaih Mohammed al-Rumaih, en un encuentro cuyo programa está siendo perfilado estos días y que incluirá una reunión con el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá. El dirigente saudí es consciente de los esfuerzos realizados por el consorcio español, y está dispuesto a facilitar un aplazamiento del proyecto en la línea de actuación que maneja Paul Taggart, pero trae también en cartera una rebaja sustancial de los sobrecostes, que a duras penas superan los 100 millones de euros.

El enorme agujero que puede deparar todo este tira y afloja es un riesgo añadido para Renfe, en su condición de responsable final de la explotación y el mantenimiento una vez que la línea de alta velocidad entre en servicio. La compañía que preside Pablo Vázquez ha insistido en que el consorcio es responsable de manera solidaria de todo el proyecto y no solo de su construcción, pero lo cierto es que, después de entregada la obra, las empresas privadas van a salir corriendo del país y serán las compañías públicas, dependientes del Estado, las encargadas de defender el pabellón de la marca España. De ahí el interés de la operadora española por ganar tiempo al tiempo a ver si así consigue también meter en vereda al resto de socios.

Fuente: El Confidencial