NOTICIAS - La Ley Ferroviaria propicia una subida del 20% en el canon que Adif cobra a Renfe

La revisión de los cánones y tasas aprobados en la Ley del Sector Ferroviario va a servir de pretexto para un incremento de la factura anual con que Adif atornilla a Renfe cada año. El debate, que ahora se mantiene latente entre los distintos ministros económicos del Gobierno en funciones, supone una amenaza para la operadora pública, que puede ver aumentado el peaje del administrador de la infraestructura en torno a un 20% en el próximo año. Al menos esa es la petición informal que está sobre la mesa del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de cara a la elaboración de un nuevo y efectivo Presupuesto del Estado para 2017.

La disputa sobre el célebre canon de Adif alcanzó su punto más álgido con motivo de la nonata liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, cuando los eventuales pretendientes del título habilitante para operar el corredor del AVE a Valencia comprobaron los enormes e inviables costes que suponen el acceso, utilización y circulación por la red ferroviaria en España. Previamente al frustrado intento de este concurso público, ya se habían escuchado los primeros gritos de socorro procedentes de Renfe, el único pagano que a fecha de hoy actúa como cliente y principal fuente de ingresos de Adif.

El gestor de la infraestructura se subió a la parra en 2013 con un aumento global de los diferentes cánones superior al 35%. Un año después, Renfe tuvo que afrontar otra subida, en torno a un 22%, y el pasado ejercicio 2015, Adif apretó un poquito más las clavijas hasta situar la factura en una cifra de 600 millones de euros en números redondos. Durante el año en curso, la tarifa se ha mantenido congelada, lo que ha motivado las críticas de la CNMC que, como regulador supremo del mercado ferroviario, considera que “los niveles de los cánones ferroviarios no son suficientes para cubrir los costes a recuperar” por Adif.

La ocasión para restaurar la crecida la pintan calva a partir de ahora, ya que la nueva normativa sectorial establece la adecuación de los cánones en la próxima Ley de Presupuestos que se pondrá en marcha inmediatamente después de la presumible investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Si el calendario político acompaña, como es de esperar, los intereses de Adif para volver por sus fueros serán satisfechos a partir del próximo año, a poco que el Ministerio de Hacienda mantenga el apoyo incondicional que, por la cuenta que le trae, siempre ha brindado a la empresa estatal que construye, administra y mantiene la vía férrea.

La Ley del Sector Ferroviario arbitra una estructura más sencilla de los cánones con el fin de estimular el tráfico, implantando nuevos criterios de clasificación de líneas con el fin de vincular estas tasas a la rentabilidad potencial del mercado. También se hace hincapié en la regulación de bonificaciones y descuentos para fomentar el desarrollo de los servicios ferroviarios y la explotación más eficaz de las líneas. El canon de acceso se suprime, al igual que la actual tasa por seguridad en el transporte ferroviario, si bien se crea otra por prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad, cuyo importe se destinará a financiar las actuaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Bajo este 'guadiana' en el que aparecen y desaparecen nuevos y viejos cánones, subyace el afán de Hacienda en evitar que Adif se convierta en un pozo sin fondo donde los compromisos de inversión establecidos por el Ministerio de Fomento terminen estrangulando la posición financiera de una compañía que acumula cerca de 16.000 millones de euros de deuda. Los responsables de las cuentas públicas no quieren albergar fantasmas detrás de las cortinas, no vaya a ser que las autoridades comunitarias, siempre celosas de la ortodoxia financiera y contable, terminen asustándose del todo y hagan más complicado el ejercicio permanente de persuasión que tiene que afrontar España para convencer a los burócratas de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la senda fiscal para los próximos años.

Por lo pronto, y a modo de aperitivo para que vayan abriendo boca en Bruselas, durante los ocho primeros meses de 2016 las facturas giradas por Adif a Renfe alcanzan los 455 millones de euros. Al cierre de ejercicio, los cánones podrían superar las cifra de 600 millones, y con la reforma pendiente no se descarta que la tarifa suba bastante por encima de los 700 millones de euros en 2017. La vigente Ley Ferroviaria, en combinación con la futura Ley de Presupuestos, supone para Renfe un precipicio parecido al del paralítico de Lourdes, con la certeza de que esta vez ni la compañía operadora que preside Pablo Vázquez ni el gestor de la infraestructura que encabeza Gonzalo Ferre se van a quedar como están.

Fuente: El Confidencial