NOTICIAS - Los trenes tendrán que obtener un certificado de circulación

Diez años después del accidente de metro más grave ocurrido en el estado español, la Comunitat Valenciana tendrá una ley de seguridad ferroviaria. Así lo prometieron todos los partidos políticos representados en el arco parlamentario (menos el PP) a las víctimas del siniestro del 3 de julio de 2006 en el que murieron 43 personas y así parece que será en breve, puesto que el viernes el pleno del Consell aprobó el anteproyecto de ley que se debatirá en las Corts y que de momento se abre a exposición pública para que se pueda consultar o modificar.

La ley, exigida desde hace una década (en la primera comisión de investigación en la que no se depuraron responsabilidades políticas), creará la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, la autoridad responsable en esta materia que «funcionará como organismo autónomo, personalidad jurídica propia y con un alto grado de independencia», según señaló ayer la consellera de Obras Públicas, Maria José Salvador.

A esta agencia se añade una comisión de investigación de accidentes «que esperemos que no tenga que actuar nunca», según apuntó la consellera. Trabajará de manera permanente e independiente respecto a la agencia de seguridad y estará formada por personal de «prestigio y cualificación profesional» en el sector. Ambos organismos son las dos principales novedades de esta norma.

Se volvió a hablar el viernes de justicia y reparación de daño a las víctimas que durante casi una década fueron silenciadas por el gobierno valenciano del PP. «La red actual es segura, pero estos mecanismos son necesarios para crear el marco jurídico de control», defendió la consellera, quien recordó que se trata de una legislación pionera en España y que «se le debía» a los familiares de aquellos que fallecieron o resultaron heridos en el accidente de Jesús.

Sanciones de 380.000 euros

El anteproyecto de ley contempla un régimen sancionador (capítulo VI) a través del cual se establecen diferentes multas en función de la gravedad de las posibles actuaciones irregulares, desde «leve» a «muy grave». Entre estas últimas infracciones se encuentra, por ejemplo, carecer del certificado de seguridad necesario para poder circular, que se podrá multar con 380.000 euros. Este título será obligatorio y se deberá obtener con carácter previo a la prestación de cualquier servicio ferroviario. En este caso, el responsable sería Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), quien, por tanto, debería abonar la multa. También se podrán sancionar actitudes del personal empleado en la empresa pública.

Hasta ahora, solo existía un título en la Ley de Movilidad, en vigor desde abril de 2011, que hacía una leve referencia a esta problemática. En su día, el conseller Mario Flores adujo problemas de presupuesto para aprobar esa Agencia de Seguridad en el marco de una nueva ley. Ayer, 18 meses después, como recordó la consellera, se dio un paso más en la aprobación de esta reivindicación. «Era una cuestión de voluntad política», expuso.

El anteproyecto ha sido redactado por seis expertos, atendiendo así a otras de las demandas reiteradas de las víctimas.

Fuente: Periódico Levante-El Mercantil Valenciano