NOTICIAS --- La liquidación del tranvía de la DGA acabará en los tribunales

La batalla en los tribunales por la deuda del tranvía está servida. O a punto de hacerlo. Porque el Ayuntamiento de Zaragoza está decidido a llevar al Tribunal de Justicia de Aragón (TSJA) la liquidación que, de forma unilateral, presentó el mes pasado el Gobierno aragonés del convenio que regulaba la subvención de capital con la que el Ejecutivo autonómico se había comprometido a cofinanciar la construcción de la línea Valdespartera-Parque Goya. Una resolución definitiva que el consistorio se negó a firmar porque no reconoce esa cuantía, insiste en los 39 millones como cifra innegociable y que ahora peleará por conseguir en la justicia ordinaria.

Así lo confirmó el martes el coordinador del área de Economía del ayuntamiento, Miguel Ruiz, quien explicó que la notificación oficial de la DGA llegó al consistorio «el pasado día 30 de noviembre» y eso abre un plazo de «dos meses» para recurrirlo a través del TSJA. Una vía que confirmó que se seguirá y que se está trabajando ya en darle forma. La fecha límite para interponerlo será finales de enero del 2018, y no se agotará el plazo.

Antes de febrero

El coordinador de Economía explicó que se van a esgrimir dos argumentos principales en este recurso ante el TSJA. Por un lado, la evidente disconformidad con la cuantía, que empezó siendo de 7,9 millones y que, a última hora, el Gobierno de Aragón elevó a 8,7 por incluir en sus cálculos los trabajos de electrificación de la línea 1 del tranvía que, hasta entonces, no se habían tenido en cuenta.

Por otro lado, destacó que se argumentará también que las «formas» no han sido las adecuadas, ya que en algunas de las conclusiones extraídas por la DGA en su liquidación unilateral del convenio ni siquiera fue consultada por el ayuntamiento. Ni fueron escuchados la justificación técnica del consistorio para añadir el coste del material móvil a la factura global a desembolsar a la ciudad. Una inversión imprescindible en la puesta en marcha de la línea, que aparecía entre las obligaciones a asumir en base a ese mismo convenio y que en la propuesta aprobada unilateralmente no ha sido reconocida.

Además, se explorará una segunda vía en los tribunales: llevar a la DGA al contencioso-administrativo por no atender sus obligaciones con el convenio por el tranvía. Ruiz explicó que la liquidación aprobada por la DGA no permite ser recurrida en vía administrativa por ser dos administraciones las que mantienen el litigio. Pero existe una alternativa para hacerlo que es la que se va a seguir. Se trata de enviar un escrito al Gobierno aragonés por el que se le insta a hacer frente a ese pago pendiente por el tranvía. Parece evidente que será rechazado ese requerimiento, por lo que esa negativa es la que sí se puede llevar a los tribunales administrativos, por desobedecer su obligación.

Lo llamativo es que este grado de detalle no lo exhibió el responsable político del área, Fernando Rivarés, quien, preguntado por Ciudadanos (C’s) en la comisión celebrada ayer, respondió que habría que consensuar una decisión con todos los partidos y que las conclusiones a plantear a la comisión especial (de investigación) que se abrió en el consistorio serían la vía para hacerlo.

Fuente: El Periódico de Aragón