Iba a ser uno de los proyectos estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre. Otro más. Pero el tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero se estrelló mucho antes de que empezara a rodar. OHL abandonó el proyecto en enero de 2010 y la constructora de Villar Mir está ahora enfrascada en una guerra judicial con la Comunidad de Madrid en la que ambas partes se reclaman millonarias indemnizaciones. Mientras, las obras, a medio terminar, languidecen paralelas a la carretera de Extremadura (a la altura del kilómetro 22 de la A-5) ante la mirada de los conductores que ven atónitos la boca de un gran túnel abandonada en medio de un secarral. ¿"Y esto qué es?"
La verdad es que desde que Cemonasa (adjudicataria y empresa participada 100% por OHL) se llevó la tuneladora de 105 metros de longitud que utilizó para realizar las primeras fases del proyecto todo lo que queda se resume en material abandonado sin apenas valor: casetas de los trabajadores, alguna tubería por el suelo, bloques de hormigón, conos, biondas de plástico... La entrada del túnel está tapiada pintada con algún grafiti y con agujeros por los que colarse. Se supone que todo el perímetro esta vallado, controlado por una empresa de seguridad, pero es fácil entrar si se conocen los puntos adecuados y se tiene la pericia necesaria.
Los ecos resuenan también en el vestíbulo de lo que iba a ser una de las siete estaciones del recorrido, mientras se pueden contemplar restos de lo que parece una hoguera e indicios de lo que parece un botellón. Un vestíbulo con altos techos, como altas eran las pretensiones de un proyecto que tenía que haber visto la luz a finales de 2011. Sin embargo, el tren a Navalcarnero ha pasado de ser un sueño fallido a engordar una de las seis piezas en las que se divide el caso Lezo, cuyo principal investigado es el ex presidente regional Ignacio González. Anticorrupción intenta esclarecer si González era el destinatario final de una presunta comisión de 1,4 millones que OHL envió a una cuenta suiza tras ganar este contrato y que acabó en los bolsillos de un intermediario, el empresario Adrián de la Joya.
Mientras, la situación jurídica del proyecto se ha enredado. Cemonasa entró en liquidación en mayo de 2017 y en junio acudió a los tribunales para reclamar a la Comunidad de Madrid 371 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) por la extinción, en su opinión irregular, del contrato de concesión. La constructora quiere que se le indemnice por los costes por la expropiación de terrenos, la ejecución de obras y la compra de bienes necesarios para la explotación. El Ejecutivo de Cifuentes, por contra, piensa todo lo contrario y cree que es Cemonasa quien no ha cumplido con lo firmado y le reclama a su vez una cantidad cercana a los 300 millones de euros.
La Comunidad ya impuso a principios de 2016 una multa de 34 millones por no ejecutar la obra en tiempo y forma, multa que está recurrida por Cemonasa y pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Con base a esa multa, el Gobierno regional ejecutó a OHL los avales de 16 millones de euros que había depositado como garantía al ganar el contrato. Esta ejecución de avales también se encuentra recurrida por parte de Cemonasa ante el TSJM. El problema es que la reclamación administrativa que la empresa presentó en junio de 2015 por la resolución del contrato, que también se dirime en el TSJM, ha suspendido provisionalmente los dos contenciosos (el de la multa y el de la ejecución del aval).
Fuente: El Confidencial