NOTICIAS --- El tranvía, la eterna discusión contable

Zaragoza sabe bien que cuando el Ministerio de Hacienda o el Banco de España pregunta por la deuda del tranvía las probabilidades de discutir son altas. La interpretación que hace el Ejecutivo central no tiene en cuenta lo que defiende el ayuntamiento y al revés. Tampoco lo hace el Banco de España, ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que elevan a Zaragoza a la categoría de ciudad más endeudada de España informe tras informe. Así desde el 2015, cuatro años después de su puesta en servicio del 2011. Con el Gobierno socialista de Juan Alberto Belloch en el primer año –entonces las finanzas las gestionaba el actual consejero de Hacienda de la DGA, Fernando Gimeno– y con el de Zaragoza en Común (ZeC) los tres siguientes.

Todo comienza con la traslación que hace el Gobierno de Mariano Rajoy, a manos de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la directiva europea encaminada a sanear las cuentas públicas y reducir la deuda. En el caso de Zaragoza, los cálculos saltan por los aires cuando desde Madrid se asegura que debe añadir a sus 817 millones los más de 200 de la línea Valdespartera-Parque Goya. Empezaba el rifirrafe.

Todo gira en torno a una discusión técnica por cómo ajustar esa contabilidad. Si Zaragoza no la asume, es el Estado quien la computa. La construcción del tranvía supuso financiar la obra con un crédito bancario. El coste global, ya conocido de 387 millones de euros (IVA incluido) se debía afrontar con un crédito por la cantidad que no cubriría la subvención directa municipal de 128 millones de euros. Esa que todos los zaragozanos conocen más por su enfrentamiento con la DGA, que se comprometió a desembolsar el 50% en cinco anualidades, y que luego decidió dejar de pagar. Ayer mismo, a las 8.55 horas entraban los 7,9 millones últimos que está dispuesta a pagar de los 39 que le reclama el ayuntamiento. Pero esa es otra guerra.

La de Hacienda, es más singular, porque las dos versiones o interpretaciones de una misma ley, siendo contradictorias, están avaladas por sus interventores. Para el consistorio, según recordaba ayer el titular de Economía, Fernando Rivarés, esos más de 200 millones «nunca pueden ser considerados como deuda financiera», porque se tendría que hacer lo mismo con cualquier carretera que se construye con la misma fórmula de financiación o, por poner un ejemplo, con el plan de depuración de Aragón. Es de una sociedad mixta, con un 20% de capital público y el resto, de empresas. «Y ya está estructurado cómo devolverla», añadió.

Pero el Banco de España siempre se la ha imputado al ayuntamiento, en su totalidad y como si fuera el único deudor. Y, para mayor sorpresa del consistorio, cada trimestre esa cifra varía en sus informes oficiales. Debería ir bajando como consecuencia de ir devolviéndola, pero es que «en uno baja y al siguiente sube». Y lo hace en virtud a unas cifras que nadie explica.

Y llama la atención que el PP haya sido más flexible en tres años, que el PSOE en tres meses. Porque estar por encima o por debajo de ese 110% de deuda que permite la ley activa o paraliza inversiones.

Fuente: El Periódico de Aragón