NOTICIAS - Renfe esperará al nuevo Gobierno y no adjudicará el contrato del siglo hasta julio

En momentos de tribulación es mejor no hacer mudanzas. El consejo de Ignacio de Loyola está empezando a cundir dentro de las grandes corporaciones y entes públicos dependientes de la Administración del Estado, cuyas decisiones estratégicas están paralizadas a expensas de la formación en España de un Gobierno capaz de dirigir el país. La situación afecta al día a día en la certificación de operaciones que nadie se atreve a firmar sin la debida autorización de la superioridad y condiciona el desenlace de muchas de las contrataciones estatales que fueron emprendidas al final de la pasada legislatura y que ahora están pendientes de ejecución.

Uno de los casos más evidentes y que mejor reflejan esta especie de ‘duermevela’ en que está sumido el sector público empresarial es el célebre ‘contrato del siglo’ puesto en marcha el pasado mes de noviembre por Renfe para la dotación de 30 nuevos trenes con destino a la red de alta velocidad en nuestro país. Fuentes de la compañía aseguran que no existe ningún retraso con respecto al calendario inicialmente previsto, pero reconocen al mismo tiempo que la adjudicación no se llevará a cabo hasta que exista un nuevo Gobierno, incluso en el supuesto de que sea preciso recurrir a otras elecciones legislativas a finales de junio.

Renfe ha diseñado una hoja de ruta suficientemente flexible y que permite adoptar las mayores cautelas ante las incertidumbres políticas derivadas del 20-D. Los responsables de operaciones encabezadas por la directora general de la compañía, Berta Barrero, se curaron en salud con un pliego de condiciones que extendía hasta el próximo 16 de mayo la fecha límite para la presentación de ofertas. A cinco meses vista desde la convocatoria del concurso, se suponía que habría tiempo suficiente para que las negociaciones entre los principales grupos parlamentarios germinasen en la creación de un Ejecutivo verdaderamente estable y dispuesto a ratificar decisiones estratégicas como el nuevo contrato del AVE.

La realidad se ha mostrado tan esquiva con Renfe como tozuda a la hora de garantizar un pacto político que, de momento, se antoja inviable. A la vista de lo sucedido, es imposible que la mesa de contratación pueda abrir los sobres de las distintas ofertas y guardarlos después en el cajón a la espera de que un futuro Gobierno sancione la adjudicación en favor de la mejor propuesta. Una actuación improvisada en este terreno daría al traste con los mayores esfuerzos de transparencia pública que adornan la licitación y daría lugar a eventuales impugnaciones por parte de cualquiera de los candidatos perdedores.

Para evitar malentendidos y ajustar las reglas del juego a las inclemencias del momento político, Renfe ha dispuesto un plazo de valoración de las ofertas técnicas de hasta dos meses, de modo y manera que el contrato no será resuelto de forma definitiva hasta que se celebre la reunión del consejo de administración de la compañía el próximo mes de julio. Nadie asegura que para entonces no pueda persistir todavía cierta inestabilidad política en el país, pero al menos Renfe se asegura de que la adquisición del nuevo material rodante, en lo que literalmente se considera como el contrato del siglo, tendrá lugar después incluso de que se hayan celebrado las supuestas elecciones de emergencia a finales de junio.

La consigna oficial en estos momentos pasa por apurar las etapas preliminares del concurso para transmitir una sensación de tranquilidad a todas las empresas precalificadas. Los fabricantes seleccionados son la francesa Alstom, la alemana Siemens, la canadiense Bombardier, la japonesa Hitachi y las españolas Talgo y CAF, que han formulado un total de 430 preguntas durante la fase de consultas culminada hace solo una semana. A diferencia de lo que solía ser habitual en este tipo de procedimientos, la operadora que preside Pablo Vázquez ha entregado a todos los aspirantes el conjunto íntegro de respuestas con el fin de igualar la información de partida de cara a la presentación formal de las ofertas.

La licitación de Renfe, impulsada por el Ministerio de Fomento que ahora dirige en funciones Ana Pastor, comprende el suministro inicial de 15 trenes ampliable a otros tantos en lotes sucesivos de cinco unidades. Las primeras entregas están previstas para 2018 y, como elemento diferenciador de anteriores compras de material rodante para la red ferroviaria en España, la empresa pública incluye esta vez dentro del mismo concurso todos los trabajos de mantenimiento por un periodo mínimo de 30 años, prorrogable a otros 10. En total, la operación supone una inversión de 2.642 millones, de los que 885 corresponden a los trenes de alta velocidad y 1.757, al mantenimiento durante el plazo máximo de 40 años.

Fuente: El Confidencial