NOTICIAS --- El TSJA condena a la DGA a pagar 33,5 millones al Ayuntamiento de Zaragoza por la financiación del tranvía

La sala de lo contencioso administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de condenar al Gobierno de Aragón a pagar al Ayuntamiento de Zaragoza 33,5 millones de euros por las obras del tranvía, además de los intereses. La sentencia, que no es firme, sostiene que el Ejecutivo incumplió sus compromisos de pago de parte de la infraestructura, recogidos en un convenio por el que las dos administraciones acordaron financiar al 50% parte de la obra civil (128,7 millones de euros). La DGA, que ha sido condenada en costas, está estudiando la sentencia y no descarta acudir al Tribunal Supremo. 

El fallo, firmado el miércoles y notificado este viernes a las partes, tumba los acuerdos adoptados por el Gobierno de Aragón para liquidar el convenio en el año 2017 y 2018, que cifraron en un primer momento la cuantía a desembolsar 8,7 millones, aunque después la elevaron a 8,9. El Ayuntamiento nunca estuvo de acuerdo y, después de infructuosos intentos de negociación, el 30 de enero de 2018, con ZEC en el gobierno municipal, se interpuso el recurso. 

La decisión judicial atiende íntegramente la posición municipal, que sostenía que el Ayuntamiento tenía derecho a percibir 58,3 millones de euros en concepto de liquidación del convenio, de los que habría que descontar los 24,7 millones de euros que ya pagó. En total, una diferencia de 33,5 millones de euros. 

Años de conflicto institucional 

El TSJA resuelve casi tres años después uno de los conflictos institucionales más graves que ha separado a las dos administraciones y sobre el que nunca fue posible el acuerdo extrajudicial. Para entender el origen del enfrentamiento hay que retrotraerse al convenio de colaboración firmado en el año 2009 para financiar las obras del tranvía. En ese documento se acordó que las dos administraciones abonarían, al 50%, una aportación para la obra civil de 130 millones de euros, cifra que después quedó minorada hasta quedarse en 128,7 millones.

Esto implicaba que cada una de las dos instituciones tenía que pagar 64,35 millones: 4,95 millones en 2010; 9,9 en 2011; 9,9 en 2012; 9,9 en 2013; 14,85 en 2014; y 14,85 en 2015. Tal y como detalla la sentencia, inicialmente el Gobierno de Aragón atendió sus compromisos hasta consignar un total de 24,7 millones por los años 2010, 2011 y 2013. Pero a partir de 2013, en aquella época con Rudi en el Gobierno de la DGA, dejó de pagar, hecho que suscitó protestas del Ayuntamiento de Zaragoza, con el PSOE en la alcaldía, que asumió con su presupuesto el dinero que faltaba para atender sus compromisos con la empresa concesionaria, tal y como establecían los pliegos del concurso público. El concejal de Hacienda de la época, el socialista Fernando Gimeno, amenazó al Ejecutivo con ir a los tribunales. 

El PSOE no corrigió la situación cuando llegó al Gobierno de Aragón en 2015, pese a que Gimeno asumió la consejería de Hacienda. Su argumento era que la aportación autonómica al convenio era una subvención, por lo que solo se podía pagar en función de los justificantes de los costes de la obra. Por tanto, una vez finalizada la infraestructura, el Ayuntamiento debía entregar las facturas para que la DGA pudiera abonar su parte. Este argumento, según la sentencia, es "improcedente", dado que iba contra las cláusulas del propio convenio. 

El TSJA sostiene que no es una subvención, sino "un convenio interadministrativo de naturaleza obligacional" y recuerda que ambas administraciones "habían manifestado su voluntad de compartir su financiación y adquirido el compromiso de asumir de forma igualitaria la subvención de capital necesaria". Además, rechaza las "pretendidas exclusiones" por parte de la DGA de algunos aspectos de la obra, como el coste del material móvil.

Fuente: Heraldo de Aragón