NOTICIAS --- La Fiscalía rastrea ya el destino final de los 134 M de la megacomisión del AVE a La Meca

La Fiscalía Anticorrupción está estrechando el cerco sobre el destino final del dinero pagado por el consorcio español del AVE a La Meca a la intermediaria iraní Shahpari Azam Zanganeh, tercera mujer de Adnan Khashoggi, traficante de armas saudí y amigo de Juan Carlos I. El Ministerio Público tomó declaración a Zanganeh en Madrid en julio de 2019 y está analizando la abundante documentación que entregó sobre su papel en el proyecto, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas. Zanganeh había pactado cobrar hasta 134 millones de euros si España se llevaba la obra.

El caso gira en torno a un presunto delito de corrupción en los negocios internacionales, aunque las pesquisas apuntan a otros tipos penales. La Fiscalía sospecha que los fondos abonados por las 12 empresas españolas del AVE saudí a 'Madame' Zanganeh fueron utilizados para corromper a las autoridades y funcionarios de Riad que, en octubre de 2011, les adjudicaron la infraestructura por 6.736 millones de euros. Parte de ese dinero también habría acabado presuntamente en manos de otros comisionistas incluso más célebres.

Por lo pronto, las averiguaciones de la Fiscalía ya han logrado poner el foco en las mercantiles que supuestamente utilizó Zanganeh como proveedores para sus gestiones de intermediación ante la Casa Real saudí. En esas empresas acabó una porción significativa de las comisiones sufragadas por el consorcio español. Hay facturas por importes astronómicos que no se corresponderían con los servicios que teóricamente sustentan, señalan fuentes jurídicas. También está en duda la titularidad real de muchas de esas sociedades, que reproducen esquemas propios de firmas instrumentales.

La Fiscalía instruye estas diligencias en secreto desde el verano de 2018. El punto de partida fue la difusión de varios audios grabados por Villarejo en los que la examante del Rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein aseguraba que el monarca habría usado de forma recurrente a su primo Álvaro de Orleans para llevarse comisiones de grandes contratos y también había reclamado su porcentaje de la licitación del AVE saudí. Según Corinna, toda la labor de mediación entre el grupo de compañías españolas y Arabia Saudí recayó en madame Zanganeh.

La publicación de esos audios en 'El Español' y 'OKDiario' provocó la apertura de una pieza separada del caso Tándem que recibió el nombre de Carol. Sin embargo, dos meses después, la pieza fue archivada por el juez Diego de Egea, al concluir la Fiscalía que Juan Carlos I era inviolable en la época en que supuestamente se produjeron las operaciones relatadas en los audios y, por tanto, los hechos no eran “susceptibles de investigación en sede penal”.

Con todo, el Ministerio Público decidió utilizar las grabaciones para abrir otras diligencias que estuvieran dirigidas por un fiscal ajeno al caso Tándem y que se centraran exclusivamente en el destino de las cantidades abonadas a Zanganeh por la docena de compañías españolas del AVE del desierto.

En el marco de esas otras diligencias, el fiscal anticorrupción que las asumió tomó declaración a 'Madame' Zanganeh en Madrid en julio de 2019 para tratar de averiguar cuál había sido exactamente el rol que había desempeñado esta asesora en el proyecto ferroviario. La empresaria firmó en 2011 un contrato con el consorcio por el cual se aseguraba un 2% del importe total de las obras si lograba que Riad seleccionara su oferta de 6.736 millones de euros, como terminó pasando. En virtud de ese acuerdo privado, Zanganeh se aseguró unos derechos de cobro que ascendían a 134 millones de euros.

El Ministerio Público interrogó a la intermediaria de origen iraní sobre los servicios que había prestado a las compañías españolas, cómo había entrado en contacto con ellas y a qué había dedicado su 2%. Según fuentes próximas al caso, Zanganeh defendió que toda su labor había sido legal y que prestaba esos mismos servicios para multinacionales de otros países a través de su empresa de consultoría. Además, afirmó que podía demostrar con facturas que gran parte de los fondos que había recibido del consorcio habían ido destinados a pagar a proveedores saudíes que habían colaborado en la consecución del proyecto. Semanas después de su declaración, los abogados en España de la lobista entregaron a Anticorrupción informes, facturas y contratos para tratar de apuntalar su versión.

En paralelo, el Ministerio Público también tomó declaración a Corinna en calidad de testigo el pasado septiembre. El fiscal encargado del caso quería comprobar si la examante de Juan Carlos I se ratificaba en las acusaciones que había vertido en los audios de Villarejo y si estaba en disposición de facilitar más detalles que contribuyeran al esclarecimiento de los hechos. Corinna rechazó desplazarse a España alegando que temía por su integridad y el interrogatorio se produjo en Londres. No fue demasiado útil porque, al contrario de lo que parece desprenderse de las grabaciones, la antigua princesa alemana sostuvo que, en realidad, solo tenía una idea vaga de lo que había ocurrido con el AVE a La Meca y se retractó de la mayoría de sus imputaciones.

Pese a ello, el caso ha seguido avanzando de forma discreta y al margen de la pieza archivada en la Audiencia Nacional. Los documentos aportados por Zanganeh han permitido seguir el rastro de las transferencias y abrir la puerta a nuevas indagaciones. El caso tiene una evidente trascendencia empresarial y política. El consorcio español, que sigue trabajando en la infraestructura aunque el tren ya está en funcionamiento, lo componen compañías privadas y públicas tan relevantes como Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Imathia, Indra, Ineco, OHL, Renfe, Siemens Rail Automation, Talgo y Abengoa Inabensa. Y del asunto brotan ramificaciones que pueden minar la imagen de instituciones enteras.

Fuente: El Confidencial