El Gobierno de Aragón todavía no ha decidido si recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que le condena a abonar 35,5 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza por las obras del tranvía. Pronto se sabrá, porque el día 22 concluye el plazo de 30 días hábiles establecido para hacerlo. Y si no lo hace, deberá pagarle casi 25 millones (ya abonó más de siete en el 2017) más los intereses de demora, es decir, más de 35. Sin embargo, independientemente de la decisión que adopte el Ejecutivo, el consistorio ya incluye en su balance de deudas no tributarias de entes públicos elaborado por el área de Hacienda la cuantía como si fuera un «importe pendiente reconocido».
En el documento, el ayuntamiento cifra en 41.706.686,80 euros las deudas pendientes de cobro por parte del Gobierno de Lambán. El grueso de esa cantidad corresponde al Urbos 3, con un total de 35.841.948,88 euros, la cuantía a la que le condena el TSJA tras más de un lustro reclamándola desde la casa consistorial.
El informe de Hacienda también incluye 5.864.737,92 euros en materia de Acción Social. En concreto y, siempre según este documento, a 30 de octubre seguían pendientes de cobro 3.013.960,50 euros del convenio marco de Servicios Sociales; 1.662.660,75 euros de la encomienda de gestión de la asistencia al domicilio, que en el ayuntamiento han dicho en más de una ocasión que esta infradotada; y 1.188.116,67 euros de las escuelas infantiles.
A esta cuantía hay que sumar 86.904,74 euros pendientes de recibir de tres proyectos (Mobile Age, Trampoline y Hyresponder) financiados por la Unión Europea y otros 596.803,87 euros de la Sociedad Zaragoza Cultural. Es decir, que el consistorio zaragozano tiene pendientes de cobro 42.390.395,41 euros.
El alcalde Jorge Azcón se ofreció a negociar un plan de pagos en el caso de que la DGA decidiese no presentar un recurso. Se produce la paradoja de que fue su compañera de filas, la popular Luisa Fernanda Rudi, la que dejó de pagar las cantidades comprometidas en el convenio. Entonces era el PSOE el que las reclamaba desde el consistorio y el que, ahora, desde el Gobierno de Aragón, pone reparos y con los mismos responsables políticos, que en su día ejercían de concejales y ahora de consejeros. La decisión será clave para que la concejala de Hacienda, María Navarro, pueda cerrar otro capítulo más del proyecto de presupuestos del 2021, pendiente de los movimientos del Ejecutivo de Lambán y de los fondos del Estado.
