El pliego de condiciones establece que, cada vez que la brecha entre la previsión de usos y el número real de viajeros de la línea del tranvía supere el 10%, el Ayuntamiento de Zaragoza debe pagar a la concesionaria el 50% del coste que tienen los billetes ‘perdidos’, es decir, la mitad del importe de los usuarios que no han subido al tranvía. Y eso es lo que viene ocurriendo desde 2015 y la previsión es que siga pasando, dado que los pliegos prevén un crecimiento constante del número de pasajeros, a razón de un 1% anual.
Hasta ahora, este concepto había supuesto unos 2 millones de euros. El ejercicio en el que hubo un mayor desembolso fue 2018, con 707.374 euros. Ni siquiera en 2019, cuando se batieron todos los récords de viajeros (subieron a los convoyes 28,8 millones) se pudo salvar el Consistorio de abonar esa indemnización.
Este es uno de los aspectos más polémicos del contrato del tranvía, dado que las previsiones de demanda establecidas son inalcanzables. El alcalde, Jorge Azcón, ya dijo que el déficit de usuarios le iba a costar al Ayuntamiento más de 60 millones de euros durante toda la concesión, que expira en 2043. Ya en su día tachó de «previsiones fantasma» las estimaciones de usuarios.
Moción en el pleno
La confirmación de la indemnización llega en un momento de tensión entre el Ayuntamiento y la concesionaria del tranvía. El pasado 31 de diciembre, el gobierno de Zaragoza ya acordó reclamar 12 millones de euros a la empresa por haberle pagado por encima de lo ejecutado. El bipartito PP-Cs presentó ayer una moción en el pleno para recabar su apoyo y solventar esta cuestión mediante ampliaciones de capital, para evitar un perjuicio grave sobre la empresa mixta que gestiona la línea y en la que el propio Ayuntamiento tiene un 20%.
La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, afirmó que sería «una irresponsabilidad» no reclamar ese desequilibrio concesional, confirmado por una auditoría encargada cuando gobernaba ZEC. «Es una obligación legal y moral», afirmó. Los grupos de la oposición, especialmente el PSOE, reprocharon al gobierno que planteara la moción sobre una cuestión ya aprobada en el pleno. De hecho, la edil socialista, Lola Ranera, le pidió que retirara la iniciativa. Finalmente se abstuvo, mientras que ZEC, Podemos y Vox votaron a favor y la propuesta salió aprobada.
No es el único conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa. La sociedad de economía mixta acaba de exigir al Consistorio otros 2,8 millones de euros en concepto de compensación por el estado de alarma hasta el pasado mes de junio. El gobierno PP-Cs discrepa de estos cálculos.
Fuente: Heraldo de Aragón
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