NOTICIAS --- El juicio del metro se celebrará a finales de 2019 o en 2020, trece años después del accidente

Doce años, seis meses y veintitrés días han tenido que esperar las familias de las 43 víctimas mortales y los 47 heridos en el accidente del metro del 3 de julio de 2006 para que la jueza que estaba obligada a investigar el siniestro haya dictado el auto de apertura de juicio oral. No ha sido un camino fácil. En esta larga década han mediado cuatro archivos de la causa por parte de la titular del Juzgado de Instrucción 21 de València, Nieves Molina. Alguno parecía definitivo y mantuvo la investigación aletargada entre 2008 y 2013. Pero el empeño de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j), cuyos intereses ha defendido en la causa el abogado y profesor de derecho penal Vicente Baeza, y de la Fiscalía Provincial de València (con los fiscales Vicente Torres, Sandra Bonet y Adoración Cano que se han sucedido en la investigación), cuyos argumentos han respaldado los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València, han permitido determinar hasta nueve indicios de delito alrededor del siniestro. Y sentar en el banquillo, en unos meses, a nueve exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de quien dependía la instalación de medidas que garantizaran la seguridad de trabajadores y viajeros de Metrovalencia.

El juicio para dirimir las presuntas responsabilidad por el accidente del metro no se celebrará hasta finales de año o, incluso, podría demorarse a principios de 2020, según fuentes consultadas por Levante-EMV. Tras el auto de apertura de juicio oral, los ocho investigados deben presentar los escritos de defensa. La causa ha de pasar de Instrucción 21 a reparto entre los juzgados de lo Penal (al ser las penas que se solicitan inferiores a cinco años). Las partes deben pactar un calendario para el juicio y concretar los testigos y peritos que citarán a declarar. En otras causas muchos letrados ya señalan juicios para 2020, por lo que no resultaría extraño que las vistas para decidir si hubo alguna responsabilidad penal en el accidente del metro se celebren en los primeros meses del próximo año. Habrán pasado casi catorce años después del siniestro.

El breve auto (dos folios) de apertura de juicio oral dictado por la jueza el 22 de febrero, aunque notificado el lunes a las partes, ha sido el último paso del procedimiento abreviado 002743/2006 que sentará en el banquillo de los acusados a ocho exdirectivos de FGV.

Se trata de la exgerente de la empresa pública, Marisa Gracia, Vicente Contreras, exdirector adjunto de Explotación de FGV; Francisco García, exdirector técnico; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones; Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, exjefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1 y Francisco Orts, exjefe del área de estudios y proyectos.

A cada uno de ellos se les juzgará por un delito contra los derechos de los trabajadores (por el fallecimiento del maquinista y la interventora del tren en el siniestro) junto a cuarenta y tres delitos por homicidio imprudente y otros 47 de lesiones por imprudencia, agravados por ser imprudencia profesional, en el ejercicio de sus funciones en FGV.

La Fiscalía solicita por estos hechos tres años y siete meses de cárcel, además de cinco años y seis meses de inhabilitación para cada uno de los ocho acusados. Los letrados que defienden a las familias de las víctimas del metro personadas en la causa (Vicente Baeza, Lorenzo Izquierdo, Virgilio Latorre, Sonia Ortuño y Julio Sánchez) elevan a cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación la pena que consideran debe imponerse a los exdirectivos de FGV.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J), Rosa Garrote, mostró ayer su satisfacción tras conocer el auto de apertura de juicio oral y que da respuesta a su reivindicación «desde el primer día»: «que se juzgue a las personas que tomaron las decisiones sobre la seguridad de la línea, porque el conductor era el último eslabón. Quienes tenían capacidad de decisión de instalar las medidas de seguridad en la curva y conocían el riesgo son los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)», aseguró a Levante-EMV.

Fuente: Levante-El Mercantil Valenciano