sábado, 3 de marzo de 2018

NOTICIAS --- Colau precalifica a ACS para la mayor obra en Cataluña por 1.000 millones de euros


España empieza a dar alegrías a ACS después de que años atrás, cuando el país estaba al borde del rescate, la compañía dirigida por Florentino Pérez decidiera no invertir más y enfocarse en otros mercados por los problemas de cobro con las administraciones. Según se detalla en la presentación de los resultados de 2018, la multinacional ha sido precalificada para la construcción de cuatro estaciones de la línea 9 del metro de Barcelona. Un proyecto valorado en 1.000 millones de euros, la mayor obra del grupo en España en muchos años.

Así consta en la citada documentación detallada por el propio Florentino Pérez y por Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de ACS, que el año pasado recibió un salario de 23 millones de euros, siendo el directivo mejor pagado de todo el Ibex 35. El contrato depende del Transporte Metropolitano de Barcelona, un organismo público participado por una veintena de municipios de Cataluña, del que el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau es el que más peso tiene. La adjudicación final del contrato, por el que también se han interesado el resto de constructoras españolas, se decidirá en las próximos meses.

Sin embargo, el caso Palau, en el que se ha comprobado el pago de comisiones ilegales por parte del Grupo Ferrovial, prácticamente deja a la constructora de los Del Pino con pocas opciones de pujar por este proyecto para evitar cualquier tipo de suspicacias. Algo similar le ocurre a OHL, cuya primera accionista, la familia Villar-Mir, ha sido recientemente imputada por presuntos pagos al PP en el llamado caso Púnica. En consecuencia, ACS, Sacyr y FCC se quedarían como únicos candidatos. Sin embargo, estas dos compañías desconocen los pliegos del concurso, que no han sido publicitados todavía.

Ante los analistas que han acudido a la presentación de sus resultados de 2017, ACS ha sacado pecho de esta precalificación, que ha destacado junto a otra en Londres para la construcción de un túnel por otros 1.000 millones; la reconstrucción del Ministerio Federal de Salud en Berlín por 250 millones; el ferrocarril de Brisbane, Australia, por 2.500 millones, obra a la que aspira en un consorcio internacional, y la circunvalación de Sídney por 5.600 millones.

La construcción de estas cuatro estaciones del metro de Barcelona es un proyecto muy relevante para ACS, puesto que representaría un 25% de la facturación total del grupo en el país, donde actualmente tiene una cifra de negocio de 4.400 millones de euros. España, que fue el origen de la compañía de Florentino, ha ido perdiendo peso en el 'holding' y tan solo pondera el 13% de los 34.898 millones que registró el pasado año como cifra de negocio.

A nivel global, España es el tercer país con más peso del grupo, por detrás de Estados Unidos y Australia. En el área de construcción, su influencia es aún menor, ya que apenas aporta 1.280 millones —el 5%— de los 27.221 millones que factura la multinacional en este negocio. Y eso que, como apuntó Marcelino Fernández Verdes, el pasado año la obra contratada en España creció por primera vez desde el estallido de la crisis, a un ritmo del 7,2%. Dada la mejoría de la economía local, la compañía tiene previsto presentarse al nuevo plan de infraestructuras anunciado por Mariano Rajoy por 5.000 millones.

La nueva estrategia de Florentino Pérez sobre España es muy relevante, porque en 2014 llegó a decir que su compañía no pujaría por más obras en España por la “experiencia de dificultades de cobro que hemos tenido en los últimos años". El septuagenario ingeniero se refería a los más de 600 millones de euros que las administraciones nacionales habían dejado de pagar o pagaban con retraso, lo que estaba estrangulando el circulante —la caja— de la compañía. El grupo llegó a tener un fondo de maniobra negativo de 1.627 millones por este motivo.

TMB está dirigido por un consejo de administración presidido por Mercedes Vidal Lago, concejala de Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau, Antoni Poveda, del PSC y alcalde de Sant Joan Despí, y el ingeniero Enrique Cañas, que ejerce como consejero delegado.

Fuente: El Confidencial