NOTICIAS - Los imputados del ADIF tratan de ganar tiempo para evitar a Aláez.

Los plazos con los que cuenta el juez Luis Aláez para continuar la instrucción del accidente de Angrois antes de que sea sustituido al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago le permitirían tomar declaración a los 11 excargos del ADIF a los que les imputa posibles delitos de homicidio y lesiones. El magistrado Andrés Lago no le relevará hasta 20 días después de que su nombramiento sea anunciado en el BOE, por lo que Aláez seguirá siendo el responsable de la causa entre los días 22 y 28, cuando se han fijado las citaciones, salvo que se produzca algún tipo de acuerdo para acelerar el relevo judicial. 

Conscientes de que el instructor que ha iniciado la causa ha reiterado en sus autos su convencimiento de que en el accidente tienen responsabilidad quienes ocupaban puestos de relevancia en el ADIF cuando se puso en marcha la línea, las defensas de los imputados están persuadidas de que a sus clientes les conviene que sea el nuevo magistrado el que marque el camino judicial a seguir, una vez que tome conocimiento de los más de 20.000 folios que acumula el caso.

Aunque cada imputado contará con su propio abogado, en los primeros contactos entre ellos y sus clientes, según ha podido conocer La Voz, habrían puesto de manifiesto la conveniencia de seguir una estrategia similar, que pasaría en primer término por pedir más tiempo que el concedido por el juez Aláez para para llevar a cabo las declaraciones.

El argumento principal a esgrimir para pedir un aplazamiento sería la falta de tiempo para conocer en menos de dos semanas la causa, las declaraciones acumuladas en la instrucción y las pruebas practicadas.

Previsibles recursos.

En paralelo, los imputados, parte de ellos al menos, también se plantean recurrir el auto con el que se les considera responsables de las consecuencias del accidente ferroviario. Este procedimiento ya les libró de la imputación que en septiembre había decretado el magistrado, además de para los once citados ahora, también para los integrantes del actual consejo de administración del ADIF y varios altos cargos y técnicos de la empresa. La Audiencia Provincial de A Coruña atendió dichos recursos por entender que las medidas de seguridad con las que fue dotada la curva de A Grandeira eran las normativas, y que no era oportuno imputar a los dos últimos consejos de administración de la sociedad pública por dar por hecho que conocían la peligrosidad de Angrois y no la habían evitado.

Si se rechaza ampliar el plazo para las declaración y no se resuelven a tiempo los previsibles recursos, al menos, parte de los imputados optarían por acogerse a su derecho de no contestar.

Fuente: La Voz de Galicia