NOTICIAS - Hacienda abronca a Fomento por carta por gastar dinero en 'obras políticas' del AVE

Las aguas entre los ministerios de Hacienda y Fomento bajan muy revueltas. El que dirige Cristóbal Montoro ha advertido por carta al de Ana Pastor que está poniendo en riesgo la solvencia del Estado por gastar dinero en “obras políticas” que no están contempladas en los presupuestos generales. Una bronca que se suma al conflicto por las autopistas de peaje, una bomba de 5.000 millones que está a punto de explotar por la incapacidad de la ministra de negociar con los acreedores.

Según ha podido saber El Confidencial, Marta Fernández Curras, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, envió días atrás una misiva a Gonzalo Ferré, presidente de Adif, para advertirle de que está comprometiendo inversiones que no están contempladas en las cuentas que el Gobierno ha presentado a la Comisión Europea para mantener a raya los niveles de déficit.

Hacienda se queja de que Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias dependiente de Fomento, ha sacado a concurso una serie de obras que están fuera de las autorizadas en los Presupuestos Generales para 2014. Según la normativa aprobada en diciembre de 2013, el ente público sólo podía endeudarse para ampliar tramos de ocho líneas del AVE. 

En concreto, para los enlaces entre Bobedilla-Granada, Vandellos-Granada, Asturias (variante Pajares), Valladolid-Burgos-Vitoria, Vitoria-Bilbao-San Sebastián, Madrid-Extremadura y Madrid-Levante, además de la línea convencional Vandellos-Tarragona. En ningún caso se permitían obras del tren de alta velocidad Madrid-Galicia, el que más está impulsando Ana Pastor. La diputada por Pontevedra está interesada en fomentar las obras públicas en su tierra, como demuestra que el pasado 30 de junio, en una conferencia organizada por La Voz de Galicia, anunció que la inversión de su Ministerio en las cuatro provincias ha crecido un 162% entre enero y junio.

Por importe, las más relevantes son las sacadas a concurso por Adif por 326,84 millones para la ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, control de tráfico centralizado y sistemas auxiliares de detección en la provincia de Ourense.

En lo que va de año, Fomento ha licitado obras del AVE por 3.000 millones de euros, una cifra que supera los 2.600 millones contratados entre los ejercicios anteriores. Unas inversiones que, según Hacienda, debían haberse ajustado en tiempo y en cuantía para que Adif siga siendo viable al ser considerada una sociedad no financiera. En el caso de superar determinados ratios, sería calificada como empresa financiera y su deuda -unos 15.000 millones- pasaría a ser contabilizada como déficit. Una cuestión de tecnicismo que tendría un impacto significativo en los compromisos de España con la UE y en el bolsillo de los ciudadanos.

Obras sin pagar y un socavón mayúsculo

Este choque de trenes entre Hacienda y Fomento se suma a la queja de Seopan, la patronal de las constructoras, por los impagos de Adif de las obras contratadas. Según esta asociación, el ente ferroviario no ha pagado ni un euro desde enero y acumula una deuda comercial de 650 millones. De esta cifra, 300 millones ya son mora. Así se lo ha expuesto el presidente de Seopán a Montoro en una carta en la que le pide su colaboración para resolver este grave problema.

Una bomba de relojería que tiene su guinda en la falta de acuerdo para encontrar una solución sobre las autopistas de peaje en suspensión de pagos. Las últimas reuniones mantenidas entre Pastor y los acreedores han sido banales porque la banca, encabezada por Santander, Caixabank, BBVA y Bankia, se niega a aceptar una contrapartida que consiste en unos bonos con un rendimiento del 1% para aceptar una quita del 50% de la deuda. El pasivo asciende a 4.500 millones, más otros 500 adicionales por expropiaciones que asumirá el Estado.

El próximo viernes 18 de julio, un juzgado tiene que decidir si envía a liquidación la autopista de peaje Ocaña-La Roda que une Madrid con el Levante. Como no hay acuerdo para aprobar un convenio de acreedores, lo más probable es que se declare en quiebra, salvo pacto de última hora entre Fomento y los acreedores. Sería la primera de una serie de infraestructuras que caerían contra las cuentas públicas y que pondrían en jaque los números de Montoro.

Fuente: El Confidencial