NOTICIAS - Fomento negocia con Hacienda un cambio radical del modelo de licitaciones de Adif

Íñigo de la Serna ha llegado al Ministerio de Fomento con fuerzas renovadas y el deseo de dejar claramente el sello de un cambio en la gestión de las grandes empresas estatales dependientes de su departamento. El eje de esta estrategia se fundamenta en la política de contrataciones de Adif, que es el principal catalizador de la inversión pública en España. El modelo actual de licitaciones adoptado por la sociedad encargada de administrar la infraestructura ferroviaria no es del agrado del ministro, que ha planteado a su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, una reorientación del sistema con vistas a su aprobación dentro de la Ley de Contratos del Sector Público que ahora se tramita en el Parlamento.

La complejidad en los mecanismos de puntuación de las ofertas técnicas y las arbitrariedades padecidas en determinados contratos del AVE motivaron que el anterior presidente de Adif, Gonzalo Ferre, se echase la manta a la cabeza con una política de licitaciones basada exclusivamente en el precio. Desde principios de 2014, y siguiendo el nuevo marco de contratación, la compañía valora la oferta económica tres veces por encima de la propuesta técnica, lo que teóricamente ha facilitado la evaluación de los proyectos y ha permitido la obtención de mejores precios por parte de los contratistas que luchan por convertirse en el mejor postor.

El gozo de un sistema eminentemente sencillo —y que fue apoyado institucionalmente con todas las bendiciones— se cayó por el pozo de las lamentaciones, cuando transcurridas las primeras fases de ejecución se demostró que las obras son inviables a los importes ofertados, lo que viene provocando enormes tensiones entre las empresas constructoras y el Ministerio de Fomento. Los contratistas han reclamado a Adif sobrecostes por un importe de hasta 500 millones de euros, amenazando incluso con la paralización de algunos de los tramos del AVE que fueron anunciados a bombo y platillo por la anterior ministra y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Al margen de la resistencia de Adif a reconocer pagos adicionales, el problema para encontrar una solución política consiste en que la actual legislación impide aprobar modificaciones de precios en licitaciones con un coste superior al 10% del total del proyecto. El ministro de Fomento se encuentra en una difícil encrucijada, porque no tiene un margen efectivo de negociación con sus proveedores y se arriesga a que algunos de los tramos más emblemáticos del programa de alta velocidad queden suspendidos de manera indefinida. Una situación que podría tensionar gravemente las relaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas afectadas; principalmente Galicia y el País Vasco.

De la Serna ha realizado una intensa labor de apaciguamiento territorial durante sus primeras semanas al frente del departamento inversor. El ministro ha salido de gira por toda España en busca de un consenso amplio con vistas a un pretendido Pacto Nacional de Infraestructuras. El objetivo no es otro que establecer un claro orden de prioridades sobre la base de los compromisos asumidos en su día por Ana Pastor. La herencia resulta ciertamente envenenada, y obliga antes que nada a un acuerdo previo con las constructoras para desbloquear y, en su caso, acelerar la marcha de los grandes proyectos de alta velocidad que han quedado pendientes de las anteriores legislaturas.

Las comunidades de Murcia y de Castilla y León aparecen como las mejor situadas en la lista de Fomento, pero además el Gobierno tiene que buscar una solución urgente al corredor del Mediterráneo dentro del tramo Tarragona-Vandellós, así como al ramal de Antequera a Granada, la conexión de Zamora y Puebla de Sanabria y la variante de Pajares. El AVE a Galicia y la línea extremeña de Plasencia a Badajoz completan la primera hoja de ruta, de cara en la configuración de la futura Red de Transporte de Interés General que, entre otras condiciones, deberá ser definida con participación de todos los grupos políticos y tendrá que ser “financieramente viable”.

Este último requisito exige una coordinación previa con Hacienda para asegurar la eficiencia de los proyectos de inversión y su adecuación a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Fomento necesita árnica para adaptar la normativa vigente en la nueva regulación de la contratación pública porque el sistema asimilado de subastas al mejor postor se ha demostrado perverso para los intereses con que fue concebido. El Ministerio de Fomento mantendrá la prevalencia de las propuestas económicas sobre las ofertas técnicas, pero de una manera mucho más equilibrada y sin que el precio se convierta en una ‘camisa de fuerza’ dentro de la planificación de Adif como empresa de servicio público.

Fuente: Periódico digital El Confidencial