miércoles, 27 de abril de 2016

NOTICIAS - La jueza avala, 7 años después, la legalidad de la obra del tranvía


La jueza Concepción Gimeno ha avalado, siete años después, la legalidad de la adjudicación y desarrollo de las obras del tranvía de Zaragoza, al desestimar el recurso que interpuso contra ellas la asociación Atranza. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza no da la razón a la agrupación de afectados por las obras que las consideraban ilegales, entre otros extremos, por no tener licencia.

El proceso judicial --que no está cerrado, ya que casi seguro recurrirán-- se dilató años en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La jueza desestimó la demanda de Atranza porque no era quién para interponerla (falta de legitimación), pero el TSJA ordenó investigar el fondo del asunto. La magistrada lo ha hecho y lo ve correcto.

Es curioso que, tras tantos años desde la demanda (del 2009), la resolución del asunto llega a pocos días de que comiencen las declaraciones por el caso penal del tranvía. La gerente de la sociedad mixta que gestiona el tranvía, Ana María Moreno, comparecerá mañana en el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza para explicar las presuntas facturas duplicadas de obra, entre otros extremos.

Licencia y PGOU

Mientras, las obras han quedado (de momento) impolutas en la sentencia de lo Contencioso, del pasado jueves. La magistrada concluye que Atranza cometió una irregularidad al cuestionar en el juzgado cosas que no planteó al ayuntamiento, como la cesión de terreno público (para las cocheras) a la sociedad gestora del transporte. Por ello, no la analiza.

En cuanto al fondo del asunto, entiende que la obra no necesitaba licencia del consistorio porque fue este el que la promovió, aunque la encargase a una sociedad semiprivada, de la que formaba parte.

La asociación entendía que para semejante obra habría que haber modificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero la jueza señala que este ya recogía la posibilidad de un tranvía. Por ello no era necesario un periodo de alegaciones para el proyecto sino que bastaba superar una evaluación ambiental, como así sucedió.

Fuente: El Periódico de Aragón