NOTICIAS - Rechazada la última propuesta en falso de ACS para salvar el AVE entre Madrid y París

Tarde, muy tarde. Así califican los acreedores el último intento de ACS e Eiffage por salvar de la liquidación TP Ferro, la sociedad que gestiona el AVE entre España y Francia. La constructora presidida por Florentino Pérez y la empresa francesa presentaron el pasado 16 de junio una propuesta para evitar que la concesionaria sea condenada a la liquidación. Pero los titulares de los préstamos impagados rechazan la solución de última hora, por lo que el Estado español y el galo tendrán que hacerse cargo de un agujero próximo a los 500 millones.

Según aseguran distintas fuentes próximas a la operación, la oferta de ACS e Eiffage, puesta encima de la mesa dos días hábiles antes de la fecha establecida para que el Juzgado de lo Mercantil de Girona dictaminase la liquidación, ya no tiene sentido. Porque TP Ferro lleva oficialmente en concurso de acreedores desde principios de septiembre de 2015, después de pasar por la fase de preconcurso (abril del pasado año) sin que ninguno de los dos accionistas de referencia propusieran una salida consistente al embrollo.

Los acreedores del AVE transfronterizo tienen hasta el próximo 15 de septiembre para decidir si aceptan la propuesta y evitan así la quiebra de la concesionaria de la infraestructura ferroviaria. Pero fuentes próximas a los bancos y a los fondos oportunistas que tienen los 428 millones de deuda han asegurado que la oferta de ACS e Eiffage es solo un ejercicio para lavar su imagen de cara al Gobierno de España y Francia, a los cuales han demandado en tribunales de arbitraje exigiéndoles más de 350 millones en sobrecostes.

El grupo que preside Florentino Pérez y la constructora francesa han solicitado al Juzgado un aplazamiento de esta junta de acreedores, sobre el que el juez titular se pronunciará próximamente. Pero, en cualquier caso, el arreglo de última hora no tiene visos de salir adelante en las condiciones actuales, por lo que la liquidación está cada vez más cerca. "La presentación de una propuesta de convenio tiene como objetivo reestructurar la deuda y no afectará a la continuidad del servicio ferroviario que TP Ferro continuará explotando con el máximo nivel de seguridad, fluidez y regularidad", aseguró la filial de ACS en un comunicado la semana pasada. Efectivamente, dada la escasa caja que consume, los trenes seguirán circulando de momento, hasta que en septiembre el Juzgado sentencie el futuro de la concesionaria.

La suspensión de pagos de TP Ferro se ha convertido en una cuestión de Estado, ya que ambas constructoras van a reclamar a Madrid y París activar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). O lo que es lo mismo, que se hagan cargo de la línea ferroviaria que une Figueras con Perpignan, amén de que les devuelvan presuntamente el dinero invertido. El administrador concursal ha calculado el agujero en 480 millones de euros. El problema adicional es que la provisional del Gobierno de España dificulta aún más la toma de una decisión pese a que el reloj judicial ya ha empezado la cuenta atrás. El próximo Ejecutivo que salga de las elecciones del 26-J tendrá que elegir entre dejar morir la infraestructura o rescatar con dinero público otra concesión de Florentino Pérez.

Una cuestión de estado

Según Europa Press, España y Francia ya han acordado quedarse con la operación del túnel del AVE bajo los Pirineos en caso de que ACS y Eiffage decidieran dejar de prestar servicio. El acuerdo de los dos países se está fraguando a través de sus respectivas compañías públicas gestoras de las redes ferroviarias, Adif y la Réseau Ferré de France (RFF). El carácter "estratégico y único" del túnel del AVE bajo los Pirineos, esto es, el hecho de que no tenga otra alternativa, es el factor que ha llevado a los dos Estados a establecer "este plan de contingencia".

ACS y Eiffage se adjudicaron en 2003 el contrato de construcción y posterior explotación del que constituye el primer tramo de AVE transfronterizo y una de las grandes obras mundiales de ingeniería civil. Se trata de un tramo de AVE de 44,4 kilómetros de longitud, de los que 8,3 kilómetros corresponden a un túnel construido bajo los Pirineos. El proyecto supuso una inversión de 1.000 millones de euros, de los que unos 636 millones correspondieron a financiación pública aportada por España, Francia y la UE. BBVA, Caixabank, Bankia y el ICO han perdido gran parte de lo prestado.

El coste se disparó hasta los 1.200 millones y el Gobierno de Zapatero decidió ya en 2009 echar una mano a Florentino Pérez al inyectarle 128 millones y alargarle el periodo de la concesión por tres años más para compensarle por los retrasos en la entrada en funcionamiento del AVE. Pero, tras la inauguración, con presencia del actual Rey incluida, el escaso tráfico de trenes ha provocado que los ingresos no cubran los intereses de la deuda, situación que ha llevado a TP Perro a salirse de la vía.

Fuente: El Confidencial