NOTICIAS - La DGA busca liquidar el convenio del tranvía por unos 7,5 millones

Se acerca la hora de la verdad, el convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción de la línea 1 del tranvía en la capital aragonesa, o se resuelve antes de final de año o acabará en los tribunales. Los técnicos de ambas instituciones ya han podido hacer cábalas de lo que queda por abonar para saldar cuentas y las diferencias de interpretación son más que notables. Así, los casi 40 millones que reclama el consistorio a la DGA no tienen nada que ver con los casi 7,5 en los que esta calcula que se debería finiquitar el acuerdo.

Todo se resume en un pacto para costear las obras que se firmó en febrero del 2009 antes de que se adjudicaran los trabajos a precio cerrado con la unión temporal de empresas que acabaría conformando la sociedad mixta Los Tranvías de Zaragoza. Y la interpretación que el Ejecutivo autonómico hace de una conclusión que el Tribunal de Cuentas le acaba de poner en bandeja. Porque, básicamente, pone en duda muchas de las cifras que el ayuntamiento lleva años reclamando, incluso cuando el responsable de las finanzas era el hoy consejero de Hacienda en la DGA, Fernando Gimeno.

El acuerdo del 2009

El convenio se firmó partiendo de una cuantía global que, según el proyecto constructivo --aún sin adjudicar--, cifraba la ejecución de la obra civil (infraestructura más electrificación) en 303 millones de euros. Ahora, la DGA y el propio Gimeno defienden que el coste final fue de 194, es decir, 109 millones menos de los estimados entonces. Era el coste más importante que se comprometían a asumir entonces, cuando en el acuerdo decidieron que realizarían, en forma de subvención de capital, el desembolso necesario para cubrir el 34% del importe global, 400 millones.

Esto era, hace siete años, un montante global de 128 millones entre los dos, es decir, 64 cada uno. En base a eso se fijó un calendario de pagos anuales que era de 4,95 millones el primer año (2010), 9,9 los tres siguientes (2011, 2012 y 2013), y 14,85 los dos últimos (2014 y 2015). De ellos, la DGA solo pagó los tres primeros ejercicios (24,75 millones en total), y dejó impagados, con el Gobierno del PP en la comunidad y del PSOE en la capital aragonesa, los tres últimos (casi 40 más).

Así que el regreso del PSOE al Ejecutivo autonómico hacía presagiar una vuelta a la normalidad en los pagos que no se ha producido. Y que, a la vista de lo que se maneja en sus cálculos, está lejos de suceder. Ni siquiera alcanzaría la cifra que el propio Gobierno aragonés dijo estar dispuesto a asumir este año, los 14,85 millones que dejó de pagar, ya al mando de la DGA, el propio Fernando Gimeno. Mientras el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) hacía suyo su discurso anterior y le reclamaba los 40 millones que él insistentemente pedía entonces.

Pero el análisis de los técnicos del Gobierno aragonés, curiosamente, está más próximo a la lectura que hacía el PP en el mandato anterior. Y acabará plasmándose en la liquidación que está a punto de proponerle al consistorio para liquidar el convenio.

Así, concluyen que la DGA no debería acatar todas las cifras que se pactaron en aquel convenio. Y que, como reconocía el informe del Tribunal de Cuentas, algunas ni siquiera hizo falta ejecutar. De manera que, aseguran, en el peor de los escenarios que se le presenta al Gobierno aragonés, el convenio del 2009 debería poder liquidarse con, como máximo y siendo muy discutible, afirman, unos 17,5 millones de euros, 10 más de lo mínimo indispensable.

Cuantías no gastadas

En el análisis se desprende que de los 400 millones de euros en los que se cifró la inversión necesaria, hubo previsiones que nunca se llegaron a ejecutar. Por ejemplo los 30,3 millones de euros que se previeron para conceptos como las modificaciones de proyecto (o el 10% adicional que se abonarían por acabar los hitos antes de lo fijado). El Tribunal de Cuentas ya ha certificado que no hubo ninguna modificación ni, por tanto, sobrecostes. Los 400 millones ya bajarían sin ellos a 369,7. Y si se le restan los 109 que costó de menos la obra ya se estaría hablando de 260,7. Con esta misma aseveración, que la obra no costó un euro más, se entendería que los 17,24 millones de euros estimados para «imprevistos», tampoco tendría razón de ser, dejando el cómputo en 243,46 millones.

Asimismo, se entiende, por parte de la DGA, que hay otros gastos que no deberían computar en la cuenta. Por ejemplo los 10,8 millones de euros que se preveían para la construcción de las cocheras, un gasto al que, como bien sabe el consistorio --y también Gimeno--, se hizo frente con aportación de suelo. La cifra ya estaría por 232,66. Y otros 3 millones de euros se incluyeron para posibles revisiones de precios u «otros conceptos» que, como explica el Tribunal de Cuentas, no se produjeron. Desciende hasta los 229,66.

Partiendo de ese cálculo, el 34% de esa inversión reduciría los 128 millones de euros estimados en el 2009 a solo 78. Y, de ellos, tanto para el ayuntamiento como para la DGA la subvención de capital se quedaría en 39 millones en el total de las seis anualidades. Si esto fuera así, al Gobierno aragonés le restarían por pagar solo 15,25.

Y solo en el caso de que no se discuta ninguna de las cuantías restantes incluidas en aquel convenio: 1,9 millones por la redacción del proyecto, 6 por los gastos de dirección de obra, 5,8 por el plan de comunicación durante las obras y 6,96 por la asistencia técnica a la sociedad mixta. Eso entra dentro de la discusión política. A cambio, Zaragoza también podría reclamar la inclusión en el cómputo final costes como los 20,6 millones para gastos generales o los 9,5 del 6% de beneficio industrial. Aunque de eso el convenio no hablaba.

Fuente: Heraldo de Aragón