NOTICIAS --- Ferrovial se juega un contrato con Renfe de 134 M que pone en riesgo cientos de empleos

Ferrovial se está jugando su continuidad como gestor de los servicios que ofrece el personal de abordo de Renfe. La batalla laboral que está librando contra los representantes de los trabajadores desde 2016 ha provocado que estos últimos hayan realizado paros y huelgas de forma intermitente a lo largo de este año, lo que ha provocado el hartazgo de Renfe.

Muchos viajeros de tren se están quedando sin recibir unos servicios (cafetería, restauración, entrega de auriculares, etc.) por los que habían pagado. Hasta el momento, Ferrovial Servicios ha tenido que asumir 500.000 euros en concepto de resarcimiento de daños por el servicio no prestado. Esta cantidad es el acumulado por las reclamaciones hechas por los clientes, según fuentes próximas a la compañía.

De continuar esta situación, Renfe se está planteando no prorrogar el contrato a la filial de Ferrovial, dados los daños reputacionales que le está generando la dejación de funciones. Esto implicaría que cientos de los 2.000 trabajadores que actualmente dan el servicio a bordo de los trenes podrían desaparecer, según fuentes implicadas en la negociación. De no concretarse la prórroga por dos años más a la que Ferrovial Servicios opta, la firma presidida por Rafael del Pino podría quedarse sin los cerca de 134 millones de euros que Renfe pagaría por los ejercicios 2018 y 2019. La prolongación del contrato se debe formalizar en noviembre. La firma de servicios ganó el contrato en diciembre de 2013 ofertando un importante descuento a lo licitado (se cerró en 67 millones de euros al año). El contrato era de cuatro años con opción a dos más de prórroga.

Así, el conflicto salpica a ambos lados de la negociación. Si Ferrovial no consigue alcanzar la paz sindical, se puede quedar sin el contrato. El problema para los trabajadores es que si no hay acuerdo y en noviembre se rompe la baraja, la nueva licitación de Renfe será con una rebaja sustancial, según fuentes conocedoras de la problemática. Aunque aún Renfe estaría estudiando el recorte, el menor número de servicios implicaría también una reducción de plantilla de cientos de empleos. La tendencia actual de mercado va en la línea de ofrecer billetes más baratos con menos servicios, para ser más competitivos. Así se demuestra, por ejemplo, en el sector de las aerolíneas.

Otro problema para los trabajadores de no mediar acuerdo es que el ganador de un hipotético nuevo concurso se encontraría con unos trabajadores desprovistos de convenio colectivo y bajo el único amparo del Estatuto del Trabajador.

La problemática nació en 2016. Los sindicatos presentes en el comité de empresa (UGT, CCOO, CGT y Sindicato Ferroviario) iniciaron las conversaciones con Ferrovial Servicios para lograr precisamente un convenio colectivo, ya que había desaparecido este marco de relaciones laborales. UGT apunta a que tras un ERE y reducciones salariales del 5,5% se buscó un pacto que mejorara las condiciones de flexibilidad laboral que buscaba la empresa. La queja de los sindicatos es que el personal de a bordo tiene que pernoctar en otras ciudades y no se le reconocen dietas, simplemente los gastos que supone la estancia fuera de sus hogares.

Ante la falta de acuerdo, los sindicatos decidieron convocar huelgas y paros, que dejaron a muchos trenes de Renfe sin este servicio pagado por el usuario. La falta de acuerdo ha llevado a Renfe a mediar en el conflicto, como parte también interesada en que se consiga un acuerdo satisfactorio para todos. Las últimas reuniones entre empresas y sindicatos datan de la semana pasada.

Ferrovial Servicios explica que ha propuesto incrementos salariales del 1% para 2017, del 1,5% para 2018 y 2019 y del 2% para 2020. Además, la compañía asegura que contaría con el 100% de la masa laboral. Los sindicatos condicionaron someter cualquier posibilidad de pacto a referéndum entre los 2.000 trabajadores de a bordo al inicio de las últimas conversaciones, a principios de junio. Sin embargo, los propios representantes de los trabajadores han vetado esta posibilidad. Fuentes conocedoras de la problemática aseguran que si se somete la propuesta al veredicto de las urnas, los empleados aceptarían. A este respecto, UGT niega la mayor.

Actualmente, los sindicatos han planteado asambleas para discutir la proposición de Ferrovial Servicios. De los cuatro sindicatos presentes en el comité de empresa, solo UGT estaría abierta a celebrar el referéndum, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Algunos interlocutores explican que los trabajadores que proceden en la etapa de Wagon Lits, antiguo proveedor de este servicio, son los más reticentes a la propuesta de Ferrovial Servicios, ya que el nuevo convenio supondría la supresión de algunas de sus condiciones.

Entre los trabajadores de a bordo de Renfe, existen 1.300 que realizan su actividad directamente en los trenes, otros 100 en oficinas centrales y 600 en los almacenes. Según el Sindicato Ferroviario y UGT, el personal de almacenes es quien menos tiene que perder y menos trabas pone a la propuesta. Esto es debido a que la principal reivindicación, de flexibilidad laboral, afecta únicamente a los empleados a bordo de los trenes, según explica UGT.

Lío judicial y ¿más paros?

A día de hoy no existe acuerdo, y la posibilidad de nuevas movilizaciones está sobre la mesa, justo al inicio del verano, periodo de mayor afluencia de viajeros. La situación viene larvada además desde los tribunales. Ferrovial Servicios decretó en abril, tras varias movilizaciones de trabajadores, un expediente de regulación temporal de empleo para 452 empleados. Sin embargo, los sindicatos interpusieron una demanda ante la Audiencia Nacional. El alto tribunal declaró la nulidad del ERTE y condenó a Ferrovial Servicios "a la restitución en el disfrute de jornada completa de los trabajadores afectados y al abono económico a los mismos de las reducciones salariales y de conceptos extrasalariales efectuadas por la aplicación de la medida impugnada", según reza la sentencia de la sala de lo social a la que ha accedido El Confidencial.

Por otro lado, la filial de servicios ha demandado al comité de empresa por lo que entiende como "huelga ilegal" y reclama 1.780.000 euros por las supuestas pérdidas que tuvo la compañía durante los paros. Por ahora, el juez ha suspendido el juicio y ha pedido a ambas partes que intenten solucionar la controversia de forma extrajudicial. De momento, las partes están convocadas para una nueva vista el próximo 13 de julio. Esa será la siguiente parada para un conflicto que tendrá que alumbrar un desenlace antes de que termine noviembre.

Fuente: 20 minutos