El último informe que ha cerrado la Sindicatura de Cuentas de Cataluña es, precisamente, sobre las obras de la L-9: fiscalizó la situación del ejercicio de 2016. Denunció el retraso de más de una década (solo están abiertos en la actualidad dos de los tramos), y sobre todo, irregularidades.
Señala el informe: "En nueve expedientes adjudicados durante el periodo 2001-2015 por GISA [la actual Infraestructures, el 'holding' que se encarga de las obras públicas de la Generalitat], las causas para aplicar el procedimiento negociado sin publicidad (imperiosa urgencia o especificidad técnica) no estaban suficientemente justificadas. En ninguno de los expedientes adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad durante el periodo 2000-2007 constaba el pliego de cláusulas que de acuerdo con la ley se tenía que elaborar independientemente de cuál fuese el procedimiento de adjudicación".
Hasta 2015 todos esos contratos se adjudicaron sin la convocatoria pública preceptiva. Tampoco se negoció con las adjudicatarias, tal y como recoge el informe de la Sindicatura. "La negociación es el elemento esencial del procedimiento negociado", subraya. Esto quiere decir que los contratos fueron otorgados discrecionalmente por los altos cargos del Govern.
Además, destaca que a partir de abril de 2008 la nueva ley de contratos públicos obliga a que todas las adjudicaciones de más de 50.000 euros cuenten con un elaborado pliego de bases, pero en lo referente a la obra pública catalana esa obligación no se tuvo en cuenta.
Un cargo de Artur Mas, en entredicho
En 2011, cuando Artur Mas llegó al poder, estableció el requisito de que todos los contratos fuesen revisados y adjudicados por la Oficina Tècnica d’Avaluació (OTA). Así, los altos cargos cercanos a Convergència pasaron a tener todo el control de las adjudicaciones. Ese control se agudizó por la decisión de hacer que toda la obra pública (independientemente de que dependiese de Ferrocarriles, Educación, Urbanismo, Territorio, la Agencia Catalana del Agua, etcétera) pasase a depender de su hombre de máxima confianza, Josep Lluís Quer, quien tras su paso por la Administración se trasladó a Chile, por lo que no fue detenido por el caso 3%.
En cambio, su segundo, Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures (la antigua Gisa), fue uno de los principales acusados (lo es aún, porque el sumario no está cerrado) en ese escándalo de corrupción.
Las irregularidades eran tan notorias que en 2011 se adjudica un contrato de casi 700.000 euros para la "asistencia técnica" de integración de los sistemas e infraestructuras y coordinación de pruebas a una UTE en la que participaba una compañía propiedad de Josep Lluís Quer. La Sindicatura aprecia que "se podría haber incurrido en la prohibición de contratar". La autoadjudicación de contratos ya había sido desvelada por este medio precisamente en 2016.
A partir del segundo semestre de 2013, los pliegos de las bases incorporaron también un anexo donde se detallaban los puntos que habían de recibir las ofertas en cada criterio. Pero las puntuaciones se realizaban subjetivamente y "se basaba en adjetivos genéricos como 'adecuado', 'coherente', 'limitado', 'elevado interés', 'poco adecuado', etcétera, que no aportaban una información suficiente al licitador para saber qué había de cumplir para obtener la máxima puntuación (…) esta incidencia supone un incumplimiento del principio de transparencia al que está sometida la contratación pública".
También en tiempos del Tripartito
"Desde junio del 2011 hasta noviembre del 2015, la OTA era la responsable de evaluar las ofertas presentadas por los licitadores (…) Su tarea quedó cuestionada principalmente por las observaciones señaladas anteriormente, correspondientes a la insuficiente justificación de la valoración de las ofertas técnicas a la insuficiente motivación de exclusión cuando correspondía". Esa era la época en que Artur Mas presumía de que era "imposible" cometer alguna irregularidad en las adjudicaciones de la Generalitat. Poco después, las investigaciones de la justicia desmintieron al entonces 'president' y fueron destapando escándalo tras escándalo relacionado con la obra pública catalana.
Pero no todo ocurría en tiempos de Artur Mas. "Ifercat [la compañía de infraestructuras ferroviarias] no comunicó al registro público de contratos de la Generalitat 16 expedientes relativos a adjudicaciones, modificaciones y prórrogas aprobadas durante el periodo 2007-2014, a pesar de que así lo requería la orden del 26 de febrero de 1997 del Departamento de Economía que regulaba el registro público". Por tanto, desde 2007 a 2011, bajo el tripartito, tampoco la Administración se esmeraba en hacer cumplir la legalidad vigente.
Mención aparte merecen las modificaciones de contratos. Desde 2000 a 2016, se realizaron 175 modificaciones, en las que la Sindicatura halló un sinfín de irregularidades, puesto que casi todas fueron modificaciones discrecionales. En la mayoría de las ocasiones, modificaban sustancialmente las "condiciones esenciales de la licitación" y en otros muchos casos no adjuntaban la documentación justificativa de la modificación.
Fuente: El Confidencial
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