NOTICIAS --- El PAR se desmarca de Soro en su decisión de dejar de pagar a Renfe

Poco importa quién pague, el asunto es que no se detengan los cuatro servicios regionales que van camino de terminar en vía muerta. Así se entiende desde los sindicatos, desde los pueblos, desde distintos grupos políticos. Los últimos en manifestarse han sido Ciudadanos, que reclamó al Departamento de Vertebración que explore «nuevas vías de negociación» con el Ministerio de Transportes antes de dejar de abonar los costes de los trenes de competencia estatal; y el PAR, uno de los socios del Gobierno cuatripartito, que considera «que no sería de recibo» que los aragoneses perdieran servicios ferroviarios vertebradores del territorio «que dan vida al medio rural» y son «verdaderas herramientas contra la despoblación». Las palabras de Jesús Guerrero abren otra pequeña brecha en el cuatripartito, como ya se abrieron antes otras grietas como la del pantano de Mularroya. 

«No puedo admitir otra cosa que no sea el mantenimiento de los servicios ferroviarios esenciales», insistió Guerrero. Un día antes, el consejero José Luis Soro había anunciado que bajaba los brazos. Ya ha contratado, de hecho, los servicios de autobús que sustituirán a los trenes. «No se puede sucumbir fácilmente» a la negativa del ministerio a asumir el coste de los servicios de tren «que son de su competencia» y es «absolutamente necesario» que se amplíen plazos y se llegue a acuerdos. 

Soro explicó el pasado lunes que el 1 de julio dejará de sufragar las líneas que discurren entre Zaragoza, Monzón y Lérida (se pierde un servicio diario por sentido); Teruel y Caudiel (un servicio en cada sentido); y Caspe-Fayón (dos diarios). Lo hace pese a la gran contestación que ha encontrado en diferentes puntos y estratos del territorio, donde se preparan numerosas movilizaciones para el domingo. 

El tercer implicado es Renfe, aunque su portavoz, Antonio Carmona, lo tiene claro «Solo somos el operador», dice. «Hay unos servicios que se determinaron por parte del ministerio y que luego el cliente dejó de pagar» al no cumplir con los requisitos de Obligaciones de Servicio Público (OSP). «Entonces diferentes comunidades decidieron pagar por esos servicios y así nos lo comunicaron. Así que nosotros prestamos unos trenes que paga el ministerio y otros que la comunidad decidió pagar». 

Las voces sindicales hablan en el mismo sentido. Óscar Martínez, responsable del sector ferroviario de FesMC UGT Aragón, cree que «paradójicamente» están tomando estas decisiones «los que antes defendían lo contrario, y viceversa» y que todo debería depender de un plan de transporte global. «Quitar una cosa para poner otra no es nada intermodal».

«Así lo que se contribuye es a vaciar el territorio», concluye el responsable de UGT, donde creen que Renfe «tiene mucho que ver también», algo que comparte Luis Clarimón (CCOO), que puntualiza que la operadora tiene «la obligación principal, pero Aragón «tampoco puede decir que no tiene competencias» en materia ferroviaria. «Menos competencias tiene en el transporte aéreo y se subvencionan compañías extranjeras. Y eso, aunque favorezca al aeropuerto, no es una función de servicio público». 

José Luis Santa Fe, presidente autonómico de CSIF, resume el sentimiento general: «No sé quién tiene que pagar, pero tengo claro que lo tienen que solucionar entre administraciones. Los ciudadanos de Aragón, vivan donde vivan, deben tener los mismos servicios y con el personal que se merecen. Tanto que se habla de la España vaciada, para evitarla lo que hay que hacer es poner servicios. Aquí unos se echan la culpa a otros, pero el Gobierno de Aragón tiene que negociar hasta el final».

Fuente: El Periódico de Aragón