NOTICIAS - ACS pide 300 millones más al Gobierno en un tribunal por la quiebra del AVE a Francia

Florentino Pérez sigue con su batalla contra el Gobierno español por la quiebra de la concesión del AVE que une España con Francia a través de la línea férrea entre Figueras y Perpignan. Tras presentar dos reclamaciones por 390 millones, el dueño de ACS ha puesto una tercera demanda contra el Reino de España y la República Francesa en la que le pide 293,7 millones de euros adicionales por diversos conceptos que, en su opinión, han provocado la entrada en liquidación TP Ferrro, el gestor de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad.

TP Ferro, de la que ACS comparte al 50% el capital con la gala Eiffage, la tercera constructora de su país, ha presentado una reclamación en un tribunal de arbitraje internacional por tres conceptos. El objeto de la demanda es que ambos países “tomaran de inmediato las medidas necesarias para subsanar las diferentes deficiencias, carencias y errores técnicos y operativos del sistema ferroviario constatados y que se indemnice el perjuicio financiero sufrido”, según consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso El Confidencial.

En concreto, ACS y su socio francés exigen 17,53 millones “por el hecho de restringir la circulación de trenes de mercancías y de viajeros por la Sección Internacional a causa de la no realización por los concedientes de las infraestructuras y adaptaciones indispensables en las redes ferroviarias francesa y española”. Además, piden otros 47,18 millones por “las circulaciones de trenes de mercancías y pasajeros que se perderán entre el 1 de enero de 2016 y 2029”.

Pero la reclamación más relevantes es la del “restablecimiento del equilibrio económico de la concesión y a fin de permitir continuar con su ejecución”, motivo por el cual TP Ferro solicita 229 millones de euros en forma de préstamo participativo. Este importe es el que era necesario para repagar a los acreedores financieros la parte de la deuda de compañía “que no puede ser cubierta por los ingresos de la concesión debido a la falta de tráfico constatada”.

Este arbitraje, interpuesto hace un año y que las compañías habían ocultado, se encuentra en su fase inicial. Con fecha 11 de marzo de 2016 las partes designaron cada una a un árbitro de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Madrid. Los árbitros elegidos ya se han puesto de acuerdo para seleccionar al presidente del Tribunal Arbitral para que al Presidente y poder constituir el Tribunal Arbitral que enjuicie el caso. Los abogados de ACS e Eiffage consideran que “las reclamaciones planteadas por la sociedad en este tercer arbitraje se encuentran fundamentadas y, en consecuencia, en su opinión el Tribunal Arbitral debiera dictar un laudo favorable, al menos parcialmente”.

¿Otro Castor?

Lo mismo pensaban cuando exigieron el pago de 350 millones de euros de sobrecostes por la construcción del AVE entre Barcelona y París, cuyo importe ascendía a 1.200 millones. Pero la demanda fue ganada por el Reino de España y el de la República Francesa, según un dictamen de un tribunal de Ginebra (Suiza), fechado el 12 de febrero de 2015. Una derrota que sentó muy mal a Florentino Pérez, que llegó a recusar a uno de los árbitros elegidos por Francia por considerar que había hechos que afectaban a su independencia e imparcialidad.

A diferencia de lo que sucedió con el caso del gasoducto del Castor, infraestructura inoperativa por la que el Ministerio de Industria dirigido en su momento por José Manuel Soria indemnizó a ACS con 1.350 millones de euros, el Gobierno se ha negado en reiteradas ocasiones a aceptar los requerimientos de Florentino Pérez. La anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, actual presidenta del Congreso, rechazó en todo momento abonar los cerca de 700 millones que el presidente del Real Madrid reclama como compensación por esta concesión que el pasado mes de septiembre se declaró en liquidación por no pagar TP Ferro los 400 millones de deuda que solicitó para la construcción.

Francia y España se han hecho cargo de la gestión de los trenes para mantener abierta la comunicación ferrea entre ambos países, pero por el contrario no están dispuestos a arrodillarse ante las dos empresas. Toda una batalla legal que se presume larga y que puede sentar precedentes.

Fuente: Periódico digital El Confidencial