jueves, 31 de diciembre de 2020

NOTICIAS --- El Ayuntamiento reclama al tranvía 12 millones que subvencionó de más para impulsar la línea


El Ayuntamiento de Zaragoza va a reclamar a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza la devolución de 12 millones de euros que, según advirtió una auditoría externa, habría aportado de más en concepto de subvención para impulsar el proyecto. En cualquier caso, el gobierno PP-Cs, que tiene previsto aprobar este jueves el expediente, manifiesta su voluntad de no causar un grave perjuicio dada la actual situación de crisis del transporte público, por lo que ofrece soluciones negociadas para que el dinero se reinvierta en la mejora de la calidad del servicio. 

De hecho, el Ayuntamiento abrirá un periodo de alegaciones de un mes para que la sociedad exponga su postura, pero el gobierno municipal le propone estudiar fórmulas para que la devolución no afecte a su equilibrio económico. Entre otras posibilidades, se plantea una ampliación del capital de la SEM de 60 millones de euros, de tal forma que el Ayuntamiento, que tiene una participación del 20%, aportara esos 12 millones, y el resto de los socios, su parte proporcional. 

La decisión se remonta al año 2017, cuando la asesoría externa Moore Stephens determinó en un informe encargado por el entonces gobierno de ZEC en el Ayuntamiento que el coste de la puesta en marcha del tranvía de Zaragoza ascendió a 319 millones de euros. De esta cuantía, 290 corresponden a la inversión inicial prevista en la oferta de lanzamiento del proyecto, pero según los técnicos independientes que analizaron las cuentas, en realidad se destinaron 281, es decir, 9 millones menos. 

Dado que la cifra de 290 millones fue la utilizada como referencia para establecer la subvención de 128,7 millones de euros que debían aportar a partes iguales el Ayuntamiento y la DGA, una inversión de 9 millones de euros menos supone, según el gobierno PP-Cs, que la aportación de fondos públicos fue superior a lo debido. En concreto, y teniendo en cuenta la actualización del valor neto, el Consistorio eleva esos 9 millones a 12, que es la cuantía que ahora solicita a la SEM. 

La reclamación llega poco después de que los tribunales ratificaran que la DGA debe pagar al Ayuntamiento 33,5 millones –de los que ya abonó 8,9– por el reparto de la subvención al proyecto del tranvía. La sentencia, que el Ejecutivo autonómico ha recurrido al Supremo, sostiene que el Gobierno de Aragón incumplió sus compromisos de pago para financiar al 50% parte de la obra. Sin embargo, fuentes municipales aclaran que el Ayuntamiento ya descontó de su reclamación a la DGA el dinero público de más que se aportó al proyecto según la auditoría, por lo que la actual solicitud de 12 millones de euros a la SEM solo afecta al Consistorio. 

Natalia Chueca recibe a los huelguistas 

La concejal de Movilidad, Natalia Chueca, recibió este miércoles en el Ayuntamiento a los representantes de los trabajadores del tranvía, que mantienen abierto un conflicto laboral con la empresa que explota el servicio por la negociación del convenio colectivo. El comité, que ha convocado paros parciales a partir del 5 de enero en hora punta, planteó a la edil sus reivindicaciones y le instó a mediar para lograr una solución que evite la huelga. 

«Le hemos explicado que no se puede abandonar las cocheras de Parque Goya como pretende la empresa, que nos quitan 1.900 horas de trabajo, lo que a la larga se traducirá en despidos, y que si hay un aumento del beneficio por mayor producción debe repercutir en los trabajadores», dijo tras el encuentro Pilar Fuentes, presidenta del comité. 

«Nos ha dicho que hablará con la empresa, esperemos que le hagan caso», expresó la representante sindical. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento se limitaron señalar su «respeto» por la negociación de las partes y la «confianza» en que se resuelva el conflicto. 

El próximo encuentro entre la empresa y el comité en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) será el día 4, víspera de los paros. El 3, los trabajadores se concentrarán en la plaza de España para pedir un convenio «justo».

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