NOTICIAS - La sombra del arbitraje internacional planea sobre el ‘AVE del desierto’

El AVE a La Meca se ha convertido definitivamente en una historia agridulce para la 'marca España', donde nada es verdad ni es mentira sino que todo depende del color del cristal con que se mira. Tras la buena nueva de los 14 meses adicionales de plazo concedidos por el cliente árabe, las cañas se han tornado de nuevo en lanzas porque las empresas españolas no están dispuestas a seguir el juego de la Saudi Railway Organization (SRO) si antes no consiguen una garantía en firme de pago que permita también recuperar el retraso en la deuda acumulada desde finales del pasado año. El proyecto entra así en la fase previa al conflicto y no son pocos los afectados que empiezan a valorar la conveniencia de recurrir a un arbitraje internacional.

El director general del consorcio Al Shoula, Álvaro Senador-Gómez, se ha estrenado esta semana como primer ejecutivo ‘in pectore’ del grupo español encargado del controvertido ‘tren de los peregrinos’. El número dos de Santiago Ruiz ha tomado el relevo efectivo de su dimisionario jefe para rubricar una carta enviada a la SRO en la que advierte sobre la posible paralización de los trabajos si Arabia Saudí no aprueba de manera urgente la certificación de obras pendientes desde el pasado mes de noviembre. En juego están más de 200 millones de euros que han empezado a provocar serios problemas de liquidez a algunas de las constructoras del proyecto.

La misiva remitida por el consorcio español está redactada con todas las cautelas de lo que algunas fuentes del consorcio consideran como un ‘mero formalismo’ que ha sido preciso poner por escrito para evitar malos entendidos. Con este mismo criterio, otros miembros del conglomerado empresarial entienden que la decisión adoptada esta vez con carácter unánime supone toda una carga de profundidad contra el operador ferroviario saudí, cuya onda expansiva dependerá de la reacción que pueda provocar en el propio cliente. La temperatura del llamado ‘AVE del desierto’ está subiendo en las últimas semanas de una manera imprevista y harto peligrosa para el desenlace del proyecto.

Dentro del consorcio Al Shoula las empresas privadas desconfían de manera descarada de sus socios estatales capitaneados por Renfe, pero si en algo están de acuerdo es en el recelo que todos mantienen sobre la capacidad de la SRO para cumplimentar los avances de obra requeridos por el antiguo ministro de Transportes, Abdullah al-Muqbel, cuando amenazó en diciembre de 2014 con rescindir el contrato. Arabia Saudí ha presionado una y otra vez con el fin de trasladar a las compañías españolas la responsabilidad para que acelerasen el proyecto, compensando de este modo la ralentización sufrida en la construcción de la plataforma que fue encargada a otro grupo de empresas chinas.

Buena parte de estos trabajos de la fase previa a la instalación de la vía férrea han sido desarrollados por presidiarios del país asiático enviados a Arabia Saudí sin el menor estímulo productivo, lo que a juicio de las empresas españolas ha supuesto serios problemas a la hora de ajustar el calendario del proyecto. A todo ello se unen las inclemencias climatológicas que obligan a parar los trabajos cuando el termómetro supera los 37 grados centígrados. De ahí que las empresas solicitasen hace unos meses al operador ferroviario una prórroga de 14 meses, que ahora está siendo discutida dentro de un acuerdo global de renegociación que tiene todavía que superar no pocos escollos.

De entrada, y como condición 'sine qua non' impuesta por las empresas españolas, es fundamental que Arabia Saudi desbloquee la financiación de los retrasos pendientes de cobro. Los miembros del consorcio fabricante han puesto definitivamente los pies en la pared y tratan ahora de hacer valer su posición contractual, lo que supone un cambio radical en el equilibrio de fuerzas que hasta ahora ha sido dominado claramente por el cliente saudí. La debilidad del Gobierno en funciones ha facilitado este paso a la ofensiva que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha tratado de impedir en vano. Si acaso el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, ha sofocado en parte las tensiones intercediendo como mediador ante la SRO durante sus repetidos viajes a Riad en las últimas semanas.

En su calidad de presidente del consorcio Al Shoula, el titular de la compañía ferroviaria debe manejarse con exquisita mano izquierda tanto en su relación con las autoridades árabes como en la convocatorias de los consejos de administración con sus socios españoles. La participación y los intereses propios de Renfe en el AVE a La Meca tienen que acomodarse con una labor de mediación que su presidente intenta llevar a cabo a trancas y barrancas. Vázquez ha esgrimido sus mayores dotes de funambulismo para evitar que el choque de trenes entre el cliente saudí y los contratistas españoles termine por hacer descarrilar el proyecto, pero no son pocos los que temen una ruptura formal de las negociaciones que obligaría a recurrir al inevitable tribunal de arbitraje internacional.

El máximo responsable de Renfe tiene que lidiar además con aspectos básicos de la gestión interna del programa, lo que exige actuar como cancerbero de la bolsa de riesgos comunes dotada con 250 millones de euros para cubrir eventuales contingencias que, de hecho, ya se han producido. Por lo pronto, Talgo ha sido requerida para el envío anticipado de trenes a Arabia Saudi con la única finalidad de salvar las apariencias ante la suprema autoridad del país. El fabricante español ha entregado ya cinco unidades que están aparcadas a la espera de que se termine el trazado de la vía, lo que ha supuesto un sobrecoste que tarde o temprano afectará a la cuenta de resultados de la compañía.

El enésimo asunto que tiene que resolver Pablo Vázquez es la indemnización aprobada tras la dimisión pactada del consejero delegado, Santiago Ruiz. Las cifras del blindaje se mantienen en secreto hasta que se formalice la resolución del contrato pero, con independencia de la cuantía final a pagar, existe un serio problema político, ya que la responsabilidad sobre la gestión directiva del AVE a La Meca corresponde a las empresas estatales. Dicho de otro modo, son Renfe, Adif e Ineco las que han de rascarse el bolsillo con recursos públicos, lo que puede generar especial irritación contra el Gobierno en plena campaña electoral. Por si acaso, Santiago Ruiz se ha ido directo al juzgado de lo social y ha presentado una demanda reclamando todo su dinero. Más o menos, lo mismo que están pensando hacer las empresas españolas con su cliente de Arabia Saudí.

Fuente: El Confidencial