NOTICIAS - La concesionaria del túnel del AVE bajo los Pirineos pide el concurso de acreedores

TP Ferro, empresa concesionaria del túnel pirenaico del Pertús por donde circula el AVE, participada a partes iguales por ACS y la francesa Eiffage, ha presentado hoy ante el juzgado mercantil de Girona la solicitud de concurso voluntario de acreedores con una deuda que supera los 400 millones de euros.

La compañía, que se encontraba en situación de preconcurso desde marzo pasado, ha explicado en un comunicado que ha adoptado esta decisión al no haber sido posible alcanzar en estos cuatro meses un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda con los acreedores financieros y con los gobiernos español y francés.

TP Ferro subraya, en este sentido, que "el concurso de acreedores no significa necesariamente el final de la actividad de la concesión". Los accionistas de la compañía, los grupos ACS y Eiffage, aseguran, a este respecto, que han dotado a TP Ferro de los medios para continuar con la explotación de la sección internacional Figueres-Perpiñán "en las mismas condiciones de alto nivel de seguridad, fluidez y regularidad que hasta la fecha".

Su finalidad, entre tanto, es establecer un nuevo período de tiempo para la consecución de un acuerdo de reestructuración de la deuda con los concedentes y los prestamistas.

"El objetivo de TP Ferro sigue siendo alcanzar rápidamente un acuerdo con el conjunto de las partes implicadas en el proyecto sobre una solución definitiva respecto a la situación de precariedad actual y a la falta de sostenibilidad del modelo económico-financiero", ha resaltado la compañía.

TP Ferro cobra un peaje por cada tren de alta velocidad que usa el túnel del Pertús, ya sea un tren de mercancías o de pasajeros, pero los ingresos obtenidos han resultado muy inferiores a lo previsto inicialmente, por lo que la compañía no ha podido hacer frente a la devolución del crédito de más de 400 millones que recibió de un sindicato de bancos.

De no alcanzarse un acuerdo en los próximos meses, lo más probable es que el Gobierno tenga que salir al rescate de una empresa privada, como ya sucedió el pasado año con el caso del polémico almacén de gas Castor.

En ese caso, Escal UGS, sociedad que obtuvo la concesión del almacén de gas de Castor, participada en un 66,67% por el grupo ACS de Florentino Pérez, recibió 1.350,7 millones de indemnización fijados por el Gobierno por la paralización del proyecto.

Fuente: El Confidencial