NOTICIAS - La CNMC investiga prácticas ilícitas de cártel entre Adif y los constructores del AVE

El AVE mantiene en vilo al Gobierno, alienta nuevos casos de corrupción y, por si esto no fuera poco, amenaza con poner su sello particular en ese paraíso de cárteles ‘made in Spain’ contra la libre competencia, que se han convertido en el objetivo esencial de la CNMC. El máximo organismo regulador de la actividad económica en España está a punto de culminar una investigación sobre las obras de infraestructura de la Alta Velocidad que demostrará las prácticas ilícitas mantenidas años atrás por Adif y las constructoras de los grandes, emblemáticos y ruinosos proyectos de la era de la abundancia. El expediente podría derivar en multas de carácter individualizado, como ha ocurrido recientemente con el denominado "cártel del pañal".

Aunque fuentes de la institución que preside José María Marín Quemada han declinado comentar los detalles de la investigación en curso, la CNMC lleva rondando sobre Adif desde hace dos años, tras una denuncia presentada por los actuales directivos de la compañía que gestiona la vía férrea en España. El actual presidente de la empresa estatal, Gonzalo Ferre, se incorporó al cargo en enero de 2013 procedente de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y después de haber acumulado una dilatada experiencia en el propio sector de la construcción, donde había ocupado puestos de alta responsabilidad ejecutiva tanto en Abertis como, principalmente, en el Grupo Sacyr.

Cocinero antes que fraile, la llegada de Ferre representó un vuelco en los procedimientos de licitación de Adif, pero además sirvió para poner en manos de la Fiscalía algunos de los presuntos casos de corrupción que la pasada semana se han saldado con diferentes registros y varias detenciones en empresas relacionadas con las obras del AVE. Aparte de estas denuncias, la compañía que administra la explotación de la vía férrea recurrió también a los servicios de la CNMC para conocer hasta qué punto las prácticas comerciales llevadas a cabo en la construcción de estas infraestructuras multimillonarias respondían a los más rigurosos criterios de libre competencia en el mercado.

La respuesta está a punto de hacerse pública y todo hace presagiar que el ‘supervisor mayor del Reino’ desvelará en los próximos días una de las operaciones más singulares de lo que se define como un típico cártel, en que el órgano de contratación y las empresas adjudicatarias actuaron a través de códigos clasificados y secretos con el objetivo único de asegurarse el reparto en exclusiva del gran negocio que representó el desarrollo de las nuevas líneas ferroviarias en los años previos a la crisis. Los resultados más esclarecedores de las pesquisas llevadas a cabo por la CNMC se concentran entre los años 2008 y 2011.

La llegada al poder del Partido Popular y las exigencias de consolidación fiscal impuestas por Bruselas terminaron con la 'luna de miel' que hasta entonces mantenían los antiguos responsables de Adif y las principales constructoras del país. Las inversiones presupuestadas durante la última legislatura operativa, que ascendían a 30.000 millones, fueron recortadas a un máximo de 5.000 millones, obligando a una política comercial a cara de perro entre los contratistas y su cliente estatal. A fecha de hoy, cerca de 1.000 kilómetros de AVE repartidos en una decena de tramos en todo el país sufren importantes retrasos debido a la negativa del Gobierno a sufragar los enormes sobrecostes de las obras.

La situación se ha invertido en un claro reflejo del clima de tensión que caracteriza las relaciones del Ministerio de Fomento con las empresas adjudicatarias de las líneas ferroviarias pendientes. El expediente de la CNMC pone el dedo en la misma llaga y deja en evidencia la ilegitimidad de unas prácticas que estaban arraigadas en muchos de los procedimientos de contratación pública en España, pero que ahora son perseguidas de manera implacable por el regulador. No en vano, a lo largo de 2015 las autoridades de competencia han desmantelado un total de 14 cárteles, la mayor parte vinculados con la manipulación de licitaciones del Estado, que se han traducido en un récord histórico de 549 millones de euros en multas durante un mismo año.

En 2016, la CNMC ha abierto una nueva vía de sanciones individuales contra los directivos responsables de las actuaciones ilícitas. Las multas personales son independientes de las que se imponen a las empresas, y acaban de inaugurarse con el denominado ‘cártel del pañal’, que incluye a siete fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos. El siguiente paso anunciado para reprimir las infracciones graves en materia de competencia será la prohibición de contratar con el Estado, una medida que puede suponer severas consecuencias para muchas de las grandes corporaciones españolas. Aunque no es previsible que el regulador se atreva a tanto en la actual situación de indefinición política, el caso del AVE puede hacer saltar los ‘correajes’ en la cruzada de la CNMC contra los cárteles.

Fuente: El Confidencial